La bancada de diputados del Partido Nacional discutió en reserva la posibilidad de activar una comisión investigadora parlamentaria centrada en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y que abarque desde 2015 hasta el presente. La intención, según fuentes blancas consultadas por El Observador, es modificar la iniciativa política y resguardar la gestión de la administración anterior.
El movimiento se diseñó con la premisa de ganarle la partida al Frente Amplio, fuerza que también proyecta una comisión investigadora aunque acotada al período de Leonardo Cipriani (2020‑2024). Los legisladores nacionalistas pretenden extender el arco temporal para incorporar puntos de comparación con lo sucedido en los ejercicios previos a esa conducción.
En 2017 los blancos ya habían promovido y conseguido aprobar otra investigadora sobre ASSE. Aquel dispositivo funcionó durante un año y detectó una serie de irregularidades. Mientras la comisión estaba en marcha, el entonces presidente Tabaré Vázquez relevó a toda la cúpula del organismo después de que se constatara un caso de nepotismo en el directorio; también se concretaron despidos de directores de hospitales del interior del país.
Con la nueva maniobra, el Partido Nacional busca tomar la iniciativa y desplazar el eje de la discusión. En simultáneo, el directorio actual de ASSE decidió por unanimidad —en la sesión del jueves 23— presentar una denuncia penal contra la gestión encabezada por Cipriani. La decisión se sustenta en las conclusiones de una investigación administrativa interna.
La denuncia se apoya en tres bloques concretos: irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG, convenios firmados con Casmu y el Círculo Católico para ingresos de pacientes a CTI y cuidados moderados, y la administración del Hospital de Treinta y Tres. Así lo informó El Observador a partir de fuentes del organismo.
Los diputados blancos evalúan incluso formalizar la moción de la comisión investigadora este mismo miércoles, con el objetivo de instalar el tema en la agenda legislativa antes de que el Frente Amplio concrete su propia propuesta.
El exdirectorio de ASSE reaccionó mediante un comunicado donde calificó la denuncia penal como un “ataque político” y cuestionó lo que definió como una “filtración interna de información” que debía haber permanecido confidencial. El texto no anunció acciones judiciales de contraparte.
La gestión de ASSE acumula señalamientos desde hace un período prolongado. Antes de que el oficialismo radicara la denuncia, el Frente Amplio había formulado múltiples cuestionamientos durante su etapa en la oposición. Apenas asumió la actual administración, el presidente del organismo, Álvaro Danza, quedó en el centro de una controversia porque se desempeñaba al mismo tiempo en el sector privado y en el ente público. Finalmente, Danza abandonó sus tareas privadas.