El Banco Mundial volvió a poner sobre la mesa el tema de la clase media en América Latina con un informe sobre pobreza y equidad. No es un dato menor: cómo se mueve ese estrato habla no solo de la plata que entra en los hogares, sino de qué tan estable puede ser un país a largo plazo.
Los números se conocieron a fines de 2025 y rápidamente empezaron a circular en gobiernos y mesas de análisis. El cuadro, como suele pasar acá, es desparejo: México y Brasil mejoraron bastante en el período que miraron, mientras que en el Cono Sur, sobre todo Argentina y Perú, la cosa retrocedió. Uruguay, otra vez, quedó como el país con mayor proporción de clase media respecto a su población total. Es un clásico ya.
¿Cómo define el BM a la clase media? Gente que gana más de 17 dólares por día, medido en paridad de poder de compra. Con esa regla, en 2023 la clase media regional tocó su techo en lo que va del siglo: 41,1% de los latinoamericanos, según la base de datos LAC Equity Lab del propio organismo.
El caso más llamativo del informe es México. Según los datos que usó el gobierno de Claudia Sheinbaum, la clase media mexicana saltó del 27,2% en 2018 al 39,6% en 2024. O sea, 12,4 puntos más, lo que significó que unos 12 millones de personas entraron a ese grupo.
Y al mismo tiempo, la pobreza bajó del 35,5% al 21,7%, siempre con la vara del BM, así que más de 13 millones de mexicanos dejaron atrás esa condición. Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de asesores de la presidencia, lo atribuye a la subida del salario mínimo, la ampliación de derechos laborales y los programas de transferencias directas.
Pero ojo, varios economistas consultados por la prensa advirtieron que sostener eso no es fácil: depende del crecimiento económico en los próximos años y de que el empleo se formalice más.
Brasil le sigue los pasos, con un crecimiento de la clase media de unos 7 puntos en el mismo período, según las fuentes oficiales mexicanas que replicaron los datos regionales del BM.
Allá el avance viene de la mano de la recuperación del mercado laboral y de un empuje a las transferencias sociales, sobre todo el Bolsa Família, que Lula amplió. Lo interesante de Brasil es que logró eso con una economía que no creció tanto.
De hecho, el BM le proyectó a Brasil un crecimiento del PBI del 1,6% a 2,0% en 2026, lo que sugiere que la reducción de la desigualdad tiene más que ver con la redistribución que con una gran expansión productiva.
Después está Costa Rica, que también mostró un avance importante: casi 6,8 puntos, siempre según el mismo informe. A Costa Rica le ayudó un dinamismo económico superior al promedio regional: el Banco Mundial le calculó un crecimiento del 4% en 2024, del 3,5% en 2025 y proyecta 3,6% para 2026, el más alto de ese grupo de países.
El país combina años de inversión pública en salud y educación con un sector exportador diversificado y un mercado laboral relativamente formal. Esa mezcla le facilitó la movilidad social ascendente en este período. Sin embargo, existen dudas sobre la sostenibilidad de su frágil estado de bienestar porque el gobierno del ultraconservador Rodrigo Cháves ha desfinanciado la salud y la educación pública, y ha rezagado el mantenimiento de la infraestructura estatal.
Luego, está el caso de Uruguay, que en este debate siempre aparece como un caso aparte. No por un crecimiento reciente espectacular, sino por acumulación histórica. El Banco Mundial confirma que más del 60% de los uruguayos son clase media, la proporción más alta de toda América Latina y una de las más altas del continente.
Ese dato no es nuevo: hace más de diez años que los informes del BM lo señalan como un referente regional en distribución del ingreso y baja pobreza. Pero lo que se ve entre 2019 y 2024 es que mantenerse ahí no es un trámite. Los datos para el Cono Sur muestran que la pandemia pegó fuerte en los indicadores sociales, y que la recuperación después fue gradual y despareja.
En 2024, el INE uruguayo midió una pobreza del 9,1% con la línea nacional, por debajo del 10,4% de 2023. Fue la primera caída estadísticamente significativa en años. Ayudó el rebote económico de ese año, con más producción agropecuaria y una inflación a la baja que permitió que los ingresos reales de los hogares subieran un 3%.
Pero claro, el nuevo Índice de Pobreza Multidimensional presentado en 2025 muestra que el 18,9% de los uruguayos tiene carencias en educación, vivienda o empleo, y eso se concentra sobre todo fuera de Montevideo, y entre niños y afrodescendientes.
El propio Banco Mundial admite que Uruguay tiene «desafíos estructurales persistentes«: resultados educativos por debajo de lo que sería esperable para su nivel de ingreso, y una informalidad laboral que alcanza al 29,2% de la fuerza de trabajo.
El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se mantiene estable en torno al 0,38 desde 2012. O sea, la distribución del ingreso no mejoró sustancialmente en la última década, a pesar de que los números globales sigan siendo buenos.
En el conjunto de la región, el informe del BM insiste en una idea que ya se conoce: el panorama es heterogéneo y, en varios países, bastante frágil. El 31,5% de los latinoamericanos vive en esa tierra de nadie entre la pobreza y la clase media: no son pobres, pero cualquier sacudón económica o sanitaria los puede tirar para abajo.
Y esa franja vulnerable es justamente la que define si los avances de México y Brasil van a durar, y también si Uruguay puede seguir manteniendo ese lugar de clase media amplia.
Porque la historia reciente de la región –incluyendo la crisis del 2001-2002 que a Uruguay le dolió mucho– muestra que estos logros no están asegurados sin políticas de largo plazo que sostengan el empleo formal, la educación de calidad y la protección social.