El actual directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) aprobó por unanimidad este jueves una resolución que implica la denuncia penal contra el expresidente Leonardo Cipriani, los cuatro integrantes del directorio saliente (Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra) y el exgerente general Eduardo Henderson. La medida surge tras una investigación administrativa que detectó múltiples irregularidades en la gestión del SAME-105 entre 2022 y 2024.
Los hallazgos abarcan tres áreas principales: la contratación de la empresa de traslados ITHG, los convenios con Casmu y Círculo Católico para camas de CTI y cuidados moderados, y la administración del Hospital de Treinta y Tres. Una auditoría previa ya había señalado que las autoridades se apartaron de la normativa durante ese período.
Paralelamente, el directorio dispuso sumarios administrativos para funcionarios públicos involucrados: el exgerente financiero Juan Behrend, el exdirector del SAME-105 José Antonio Rodríguez, y el director Pablo Cabrera. También alcanza a la directora del Hospital de Treinta y Tres y su gerenta financiera. El representante de los trabajadores, Gustavo Gianre, se abstuvo en este último punto.
Sobre la empresa ITHG, constituida durante la gestión anterior, la investigación señala que no existió “procedimiento competitivo” para su selección. La firma recibió el 96,47% del gasto total del SAME-105, con una erogación superior a los $2.000.000 sin que el directorio “procediera a la regularización correspondiente”.
El Tribunal de Cuentas había observado todas las compras a ITHG, y las autoridades estaban al tanto de esas observaciones. El informe de Jurídica eleva al directorio señala: “La magnitud económica de los montos involucrados, la reiteración sistemática de observaciones por el Tribunal de Cuentas, la eventual afectación del erario público y las conductas descriptas –que prima facie podrían trascender el ámbito estrictamente administrativo– ameritan que la superioridad valore la pertinencia de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes en materia penal”.
El documento añade que los hechos “podrían eventualmente subsumirse en figuras típicas previstas en la normativa penal vigente vinculadas al manejo irregular de fondos públicos, abuso o desviación de funciones”. En el caso de ITHG, se detectó fraccionamiento ilegítimo del gasto para que las operaciones encuadraran dentro de los límites de compras directas, cuando correspondía una licitación pública. La investigación califica esta práctica como “falta grave”.
La investigación también cuestiona los convenios de complementación con Casmu y Círculo Católico por camas de cuidados moderados y CTI. Se modificó el sistema de pago por día de cama ocupada a una modalidad de tarifa plana mensual por camas fijas de uso exclusivo. El informe sostiene que “el cambio de modalidad implicó un aumento exponencial del gasto”.
El exgerente financiero Juan Behrend realizó “modificaciones sustantivas” al convenio con el Círculo Católico sobre camas de CTI, de acuerdo a publicaciones de El Observador. Según la pesquisa, se arrogó una “facultad propia del directorio que no tenía delegada” y evadió “controles internos y externos”, ya que la modificación requería informe previo favorable del Ministerio de Salud Pública e intervención del Tribunal de Cuentas.
“Se suma a lo antedicho su responsabilidad consistente en establecer que en los convenios de CTI pediátrico con el Círculo Católico no se realizaran controles médicos al considerarlo innecesario dado que la facturación era por tarifa plana”, se lee tambien.
Behrend, actualmente en un cargo similar en el Hospital Piñeyro del Campo, también tenía “injerencia” en el SAME-105, donde estableció “pautas de funcionamiento específicas con la empresa ITHG”, como que “no se realizaran controles a tercerizados ni órdenes de compras”. El informe advierte que esas directivas “se oponen directamente a la normativa vigente, colocando a la administración en indefensión frente a posibles reclamos laborales”.
Por su parte, el exdirector del SAME-105, José Antonio Rodríguez (actualmente de licencia prejubilatoria), introdujo modificaciones al convenio con el Círculo Católico que se apartaron “de la normativa vigente” y evadieron “controles internos y externos”.
La investigación le atribuye haber disuelto y debilitado “áreas de control” sobre el ingreso y seguimiento de pacientes a CTI, así como el seguimiento médico mediante auditorías de historias clínicas en cuidados moderados con tarifa plana. Estas decisiones provocaron que «el sistema de control de facturación implementado por él fuera débil, ineficiente e ineficaz».
En relación con ITHG, Rodríguez reiteró pagos observados con una “motivación genérica” y “fraccionó artificialmente el gasto para evadir ingresar en un procedimiento competitivo”. El informe concluye que ambos funcionarios mostraron “intención de flexibilizar las exigencias hacia ITHG” y subraya: “Se trata de funcionarios de jerarquía, con larga experiencia laboral y sólidos conocimientos técnicos, respecto de los cuales resulta inexcusable que se hayan verificado los extremos irregulares ya denunciados”.
El resumen de la investigación detalla múltiples prácticas anómalas: facturación de estudios sin respaldo en asignación efectiva de pacientes; horas adicionales por camas de cuidados moderados en condiciones no previstas; pago de prestaciones ya incluidas en la tarifa plana; autorización de traslados sin identificación del proveedor ni de los móviles utilizados.
También se registraron pagos por traslados cancelados o no acreditados, facturación de servicios en móviles comunes liquidados como especializados, y aprobaciones de pagos basadas exclusivamente en información del proveedor sin verificación independiente.
Sobre el convenio con Casmu para el Hospital de Treinta y Tres, la investigación señala que la mutualista tenía una base reducida de usuarios en el departamento y que hubo “debilidades en el sistema de contralor del efectivo cumplimiento de las prestaciones”.
También se indica: “En determinadas ocasiones se comprobó que si bien en la planilla figuraba un especialista determinado, quien se encontraba era otro profesional de la misma especialidad, situación que puede colocar a la administración en un escenario de vulnerabilidad frente a eventuales hechos de responsabilidad médica”.
Además, se detectaron “dificultades” en la correcta categorización de actos quirúrgicos y errores en la determinación del vínculo funcional del profesional actuante. El informe aclara: “No fueron errores formales, sino que incidían en la determinación de derechos económicos con potencial afectación patrimonial para la administración”. Por ello, se ordenó ampliar las investigaciones más allá de las responsabilidades de la directora y la gerenta financiera del hospital.