El Ejército Nacional adquirió, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, 89 unidades del modelo Agrale Marruá mediante una licitación pública efectuada en febrero de 2025, pero aún no puede ponerlas en circulación. La razón central es que el uso de estos rodados contradice un decreto promulgado en mayo de 2021, enfocado en el control de la calidad del aire. El gobierno actual, liderado por Yamandú Orsi, planea modificar esa normativa para destrabar la situación.
El lote incluye 84 vehículos todoterreno y 5 ambulancias tácticas, según los registros de la licitación. La operación superó los US$ 9 millones calculados al valor de 2024, de acuerdo con la resolución de compra suscrita por el entonces ministro Armando Castaingdebat y el expresidente Luis Lacalle Pou. El caso fue informado inicialmente por TV Ciudad, que días atrás señaló que los todoterreno permanecían retenidos en una aduana fronteriza.
El decreto conflictivo data del 4 de mayo de 2021. En su artículo 44, se describen las excepciones a la normativa sobre emisiones. El texto establece: “Los estándares de emisión de fuentes fijas no serán de aplicación a aquellos vehículos que ingresen al territorio nacional en forma transitoria, sea para competencias, exhibiciones o con destino a proyectos experimentales para evaluación de tecnologías. El Poder Ejecutivo podrá establecer otras excepciones temporales”. Para acogerse a cualquiera de estos casos, se necesita la “autorización temporal del Ministerio de Ambiente”.
El artículo 44 no contempla una mención específica a los vehículos de uso militar. Por lo tanto, los Agrale Marruá quedan sujetos a las reglas generales sin un permiso vigente. La falta de una cláusula que exonere a las fuerzas armadas genera el bloqueo administrativo actual.
En las últimas horas, el presidente de la Comisión de Defensa del Frente Amplio, León Lev, comunicó a sus correligionarios los progresos sobre este tema. Según el mensaje al que accedió El Observador, Lev señaló que el Ministerio de Industria ya había homologado los vehículos. Agregó que ahora se gestiona la “homologación de Ambiente vía decreto de excepción por tratarse de vehículos militares y en general saliendo para misión de paz donde los estándares cambian”.
El pliego de la licitación del Ministerio de Defensa Nacional que derivó en la compra estableció la necesidad de contar con “vehículos tácticos multipropósitos y ambulancias tácticas” para el Comando General del Ejército. El proceso de selección se extendió durante 2024. En el acta de apertura del 3 de setiembre de 2024, se registraron ofertas de cinco empresas.
La evaluación técnica determinó que la única firma capaz de cumplir con los requisitos era LUTRUCKS S.A.S.. Posteriormente, la compañía China North Industries Corp. (Norinco) presentó un escrito manifestando su desacuerdo y solicitando modificar la recomendación de adjudicación.
La objeción de Norinco se centró en la exigencia de normas de combustible Euro III. El argumento planteaba que el estándar Euro II, incluido en su oferta, resulta más adaptable a zonas de difícil acceso y a Misiones de Paz. No obstante, la resolución emitida el 21 de enero de 2025 desestimó la petición. El artículo 1º del documento oficial expresa textualmente: “Desestímase la petición presentada por la empresa China North Industries Corp. (NORINCO) presentada el 22 de setiembre de 2024, conforme a lo establecido en el Considerando III) de la presente Resolución”.
Ese considerando sostiene que el peticionante no cumple con los requisitos técnicos mínimos del pliego y que la Administración actuó conforme a Derecho. Con esta decisión, la adjudicación a LUTRUCKS S.A.S. quedó firme, y los 89 vehículos ingresaron al país. Sin embargo, el decreto de 2021 sobre calidad del aire sigue vigente y bloquea su uso hasta que se apruebe la modificación anunciada por el gobierno de Orsi.