El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, transmitió a su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, la disposición a colaborar en la búsqueda de una solución para el conflicto abierto en torno a las patrulleras encargadas al astillero vigués Cardama. El encuentro entre ambos mandatarios se desarrolló en el marco de la reunión bilateral celebrada en Barcelona durante la cumbre del Celac.
Sánchez expresó a Orsi «la voluntad» del Ejecutivo español de facilitar el trabajo técnico entre ambos países para determinar el futuro de los bloques ya construidos en Vigo. Esta declaración se produce después de que Uruguay rescindiera el contrato con el astillero. El gobierno uruguayo ha manifestado que busca alternativas para completar las embarcaciones y que una de las opciones pasa por continuar los trabajos en España, dado el elevado coste y la complejidad logística de trasladar las estructuras ya fabricadas.
El ofrecimiento de Sánchez se enmarca como un gesto para evitar que el conflicto afecte las relaciones bilaterales y para proteger la actividad industrial vinculada al sector naval en Galicia. La reunión también incluyó otros asuntos de cooperación, aunque el caso Cardama ocupó un lugar central. El conflicto, que combina presuntos fraudes, incumplimientos y un fuerte enfrentamiento político, ha escalado hasta la rescisión del contrato y múltiples investigaciones en curso.
El contrato para la construcción de dos buques de patrulla oceánica (OPV) fue firmado por el Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la administración del expresidente Luis Lacalle Pou, el 15 de diciembre de 2023 con el astillero español Cardama. El monto total del acuerdo ascendía a aproximadamente 82 millones de euros, unos 92 o 93 millones de dólares. Las patrulleras eran consideradas necesarias para la vigilancia de la soberanía marítima uruguaya, reemplazando naves antiguas y custodiando los recursos en el mar.
El principal detonante del escándalo fue el descubrimiento por parte del gobierno de Yamandú Orsi (Frente Amplio) de que la garantía de fiel cumplimiento del contrato, presentada por Cardama, era falsa. La empresa que supuestamente la emitía, EuroCommerce Ltda., resultó ser una empresa de papel, inexistente en el domicilio declarado en Reino Unido y en proceso de liquidación. Ante estos hallazgos, el presidente Orsi calificó los hechos como un «fraude al Estado uruguayo».
El proceso de aceptación de la garantía ya había sido cuestionado previamente. Cardama tardó 11 meses en presentar esta garantía, cuando el plazo contractual era de 45 días, tras múltiples prórrogas concedidas por el gobierno anterior y el rechazo de varias entidades, incluyendo el estatal Banco de Seguros uruguayo, a avalar al astillero. Una auditoría de la empresa Bureau Veritas, contratada por el gobierno de Orsi, confirmó retrasos significativos en la construcción que hacían imposible cumplir los plazos de entrega, aunque también calificó la calidad de la obra construida hasta el momento como «satisfactoria».
El gobierno de Orsi inició el proceso de rescisión unilateral del contrato en octubre de 2025, el cual se confirmó en febrero de 2026. Posteriormente, presentó una denuncia penal para deslindar responsabilidades y anunció acciones legales para recuperar los 30 millones de dólares ya pagados a Cardama, así como para reclamar por daños y perjuicios. A pesar de la rescisión, el gobierno uruguayo ha reafirmado su intención de adquirir patrulleras oceánicas y está explorando alternativas con astilleros de otros países como Argentina, Colombia, Corea del Sur y Francia.
El caso ha generado una fuerte controversia política interna en Uruguay. El gobierno actual (Frente Amplio) señala irregularidades graves en el contrato heredado, mientras que la oposición (Partido Nacional y otros) lo acusa de una decisión política para destruir el legado del gobierno anterior y advierte sobre el riesgo de un juicio millonario contra Uruguay que dañe su credibilidad jurídica internacional. Se conformó una comisión investigadora en el Parlamento uruguayo para analizar las responsabilidades políticas en la firma y gestión del contrato.