La comisión especial del Parlamento encargada de indagar el caso Cardama acumula jornadas de debate desde su puesta en marcha a finales de febrero. Los intereses de las distintas bancadas presentan orientaciones divergentes: el Frente Amplio busca determinar posibles irregularidades en el proceso de selección de los astilleros, mientras que la oposición concentra su atención en la decisión del actual gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con la empresa española a comienzos de 2026.
Durante la sesión del lunes, los bloques parlamentarios discutieron a propósito de un aspecto que, aunque en apariencia secundario, resulta central para varios legisladores —especialmente de la oposición— en relación con el sentido mismo de la comisión.
El punto de controversia remite al alcance de la confidencialidad que el Poder Ejecutivo asignó a la documentación remitida al ámbito parlamentario en las últimas horas. Dicha información, contenida en múltiples fojas, incluye tanto el legajo de los dos oficiales que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, envió el año pasado a Vigo para tareas de supervisión de la construcción de las embarcaciones, como el intercambio de correos y la comunicación general entre el gobierno y la firma gallega.
En ambos envíos, el gobierno incorporó una advertencia: la información adjuntada «se encuentra en el marco del contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional y Cardama, el cual contiene una cláusula de confidencialidad, y en consecuencia toda documentación vinculada al referido contrato es de carácter confidencial y reservado». Esta última frase apareció resaltada en negrita en el original.
La inquietud expresada por varios parlamentarios se despliega en tres niveles: primero, la utilidad de la comisión si no se puede hacer ningún uso público —esto es, político— de la información recibida; segundo, la legalidad de la disposición adoptada por el Ejecutivo; tercero, las posibles consecuencias de violar la norma con una mención mínima al material trabajado, que podría derivar en la expulsión de la banca por «actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo», según establece la Constitución.
El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone ejemplificó el riesgo: «Si de repente en una nota de prensa a uno se le escapan tres palabras que estaban en un informe que era confidencial, al rato le están aplicando el artículo 115″. El nacionalista Pablo Abdala, uno de los legisladores más activos en la discusión, sostuvo que si no se aclaraba este punto, «el sentir y la razón de ser de esta comisión han quedado sin efecto y, en tal caso, también sus potestades y sus facultades».
Abdala también argumentó que la declaratoria de confidencialidad, conforme a la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, debe definirse mediante una «resolución del Poder Ejecutivo», no a través de una fórmula «genérica» que abarque «todo» lo remitido. Según la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió El País, el legislador blanco reclamó: «Entonces, (el gobierno) nos está diciendo que nos manda todo pero que nosotros no podemos decir nada; ese es el resumen, y es algo muy grave. ¡Eso es absolutamente ilegal!».
Agregó: «Ojalá que la Administración rectifique este temperamento, pero si no lo hace la comisión no tiene ninguna razón de ser. No va a poder investigar o, en todo caso, lo hará en secreto —estoy razonando por el absurdo— y la información o las resultancias de lo que investigue tendrá que quedar entre nosotros y no se podrá hacer públicamente el más mínimo comentario».
El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo defendió la postura ministerial. Afirmó que la acción del gobierno consiste, «en el afán de priorizar la transparencia y la reserva» del contrato entre el Estado y Cardama, en trasladar «la confidencialidad y la reserva a este órgano del Poder Legislativo». Y sostuvo: «No es que se esté ocultando información sino todo lo contrario».
Ante esta intervención, Abdala replicó: «Antes de razonar por el absurdo, si la interpretación que hace el legislador Garlo fuera correcta, entonces, todos hemos incumplido con las normas que regulan nuestro funcionamiento como legisladores, como integrantes de la Asamblea General y como miembros de esta comisión, porque todo llega, en algún momento, al contrato o es parte de él».
El debate consumió gran parte de la sesión. Hacia el cierre, el presidente de la comisión, José Luis Falero, intervino para zanjar momentáneamente la discusión. El senador del Partido Nacional se declaró también «preocupado» y adelantó que realizará «una consulta al área jurídica para que evalúe las respuestas» que brindó el gobierno «y, sobre todo, la nota del director de Secretaría». Añadió: «Para ver si estamos haciendo algo mal. No me gustaría cometer errores».
Otro punto resuelto por la comisión fue la votación para convocar al excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, figura central en el proceso de adquisición de las patrulleras OPV. Wilson fue sancionado con 20 días de arresto a rigor por parte de las actuales autoridades, al considerar que el militar había proporcionado un «informe falso» a sus superiores cuando fue interrogado sobre las negociaciones mantenidas con Cardama.
La oposición reclamó además que, para esa instancia, debería existir más información disponible por parte del gobierno de la que actualmente posee la comisión. El Frente Amplio no aceptó ese planteo. El senador Eduardo Brenta señaló: «Si consideramos la información que recibimos hoy, ya tenemos a disposición el 90 % de la información; queda, básicamente, el último tramo relacionado con la rescisión del contrato y otras cuestiones». A modo de ejemplo, mencionó «la investigación administrativa del Banco República», así como la del Ministerio de Economía que ya estaba por arribar.