El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay confirmó que el Índice de Precios del Consumo (IPC) cerró marzo de 2026 con una variación interanual del 2,94%. El número no tiene precedente reciente: hay que retroceder hasta agosto de 1956, cuando el indicador marcó 2,72%, para encontrar un registro inferior. Lo que en otra época hubiera sido recibido como un triunfo sin matices genera hoy una incomodidad confesada por las propias autoridades económicas del país.
El dato no emergió de improviso. Desde mediados de 2025, la trayectoria descendente del IPC venía acumulando fuerza mes a mes. En enero de 2026 la cifra era de 3,46% —séptima caída consecutiva—, en febrero bajó a 3,11% y en marzo perforó el piso del rango de tolerancia que el Banco Central del Uruguay (BCU) había fijado entre 3% y 6%, con una meta central de 4,5%. El cierre de 2025, con una inflación anual de 3,65%, ya había marcado el nivel más bajo en 24 años.
La variación mensual de marzo fue de 0,41%. Dentro de la canasta del IPC, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una baja de 0,05%, traccionada por descensos en frutas —manzanas, peras— y verduras como lechuga y boniatos. El rubro transporte subió 0,94%, parcialmente impulsado por la evolución del dólar, aunque atenuado por la baja de los combustibles durante ese mes. Los servicios educativos anotaron un alza cercana al 3%, vinculada al inicio del año lectivo.
Reducir este resultado a un fenómeno coyuntural sería inexacto. La desinflación uruguaya reconoce causas que operan en distintos planos. El más visible en 2025 fue la apreciación del peso uruguayo: el dólar perdió un 11,19% de su valor frente a la moneda local durante ese año, cerrando en 39,04 pesos por unidad en el mercado mayorista. Esa dinámica cambiaria se tradujo en que el 30% de los rubros dentro del componente transable del IPC —aquellos con exposición al mercado internacional— registraran deflación a lo largo de 2025.
A eso se sumó un entorno internacional de precios deprimidos. El economista José Licandro señaló que Uruguay en 2025 «importó deflación», en contraste con lo que empezaba a ocurrir hacia comienzos de 2026, cuando el conflicto en Medio Oriente comenzó a presionar los precios del petróleo. La consultora Exante identificó una marcada disparidad entre los componentes del IPC: mientras los bienes transables cedían, más de la mitad de los rubros no transables —los vinculados al mercado doméstico— acumulaban subas superiores al 6%. La novedad es que incluso ese componente, históricamente más resistente, logró ingresar al rango meta por primera vez en casi dos décadas.
La política monetaria restrictiva sostenida durante años también figura entre los factores explicativos. La credibilidad acumulada en el esquema de metas de inflación y los cambios en la dinámica salarial contribuyeron a moderar gradualmente los precios no transables, según la misma consultora. El BCU opera bajo ese régimen desde hace varios años, con la tasa de interés como herramienta central.
El esquema no nació con la actual administración. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Uruguay comenzó a abandonar la tolerancia tácita hacia una inflación de entre 8% y 10% anual que había prevalecido por décadas. El Frente Amplio, pese a representar un signo político diferente, mantuvo esa orientación al asumir en marzo de 2025. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, lo había anticipado antes de tomar posesión: «La inflación baja es indispensable para favorecer a los hogares más pobres y en particular a las personas más vulnerables que ni siquiera tienen mecanismos de protección frente a la inflación». Y agregó: «La inflación baja es un compromiso, y eso supone una decisión política».
El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, designado al inicio de la gestión de Yamandú Orsi, ratificó desde su primer día la continuidad del régimen de metas. Su objetivo declarado era alcanzar el 4,5% en los primeros doce meses de mandato. El resultado efectivo se ubicó sistemáticamente por debajo de esa cifra.
El problema concreto que enfrenta el equipo económico no es la inflación en sí, sino sus consecuencias colaterales. Las pautas salariales definidas a mediados de 2025 para los Consejos de Salarios fueron elaboradas proyectando una inflación de 4,5%. Con precios creciendo menos de la mitad de ese valor, los ajustes nominales acordados implican aumentos de salario real más elevados que los previstos originalmente. En un contexto de bajo dinamismo económico y escaso crecimiento de la productividad, esa brecha tensiona la generación de empleo.
Hay también un efecto sobre las cuentas públicas. La recaudación nominal del Estado sigue la evolución de los precios, mientras una parte del gasto está indexada a la inflación pasada. Una brecha prolongada entre ambas variables deteriora el resultado fiscal. Oddone lo describió sin rodeos: «Para nosotros, y para las autoridades del Banco Central, es tan inconveniente un incumplimiento de la meta inflacionaria por encima como por debajo. Porque la consistencia de la política macroeconómica tiene que ver con el cumplimiento de la meta y no con una obtención de resultados anticipados que eventualmente se genera como consecuencia de eventos espurios».
Frente a la trayectoria descendente del IPC, el Comité de Política Monetaria (Copom) actuó en sentido inverso al que caracteriza los períodos de alta inflación. A fines de enero de 2026, recortó la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos. En marzo, sumó una reducción adicional de 75 puntos, dejando la tasa en 5,75%. El propósito declarado fue impulsar la convergencia del IPC hacia el centro de la meta. El Copom reconoció en su comunicado que «se mantienen los factores de base que han favorecido el escenario deflacionario en Uruguay», aunque señaló que la guerra en Medio Oriente generó un nivel de incertidumbre que hacía que los riesgos sobre la inflación lucieran «más balanceados» que en reuniones anteriores.
El presidente del BCU describió el escenario como inédito: «Lo que esos modelos hoy nos plantean es una situación bastante inédita: cumplir la meta de inflación es un creciente desafío, pero por primera vez con riesgo de sobrecumplir o errarle por abajo». Añadió que, en el pasado, las apreciaciones cambiarias solían ser interpretadas como un auxilio para el BCU en el cumplimiento de sus metas; ahora, en cambio, operan en sentido contrario.
El propio gobierno anticipa que el registro de marzo podría ser el punto más bajo del ciclo. La suba de combustibles en abril —del orden del 7%— producto del encarecimiento del petróleo vinculado al conflicto en Oriente Medio, sumada a la recuperación del dólar en torno al 5% durante el último mes, son los factores que el equipo económico identifica como elementos correctivos. El economista Aldo Lema observó que la inflación subyacente —la que excluye precios volátiles— mostró una aceleración en marzo, aunque la variación del indicador general fue amortiguada por las caídas en frutas y verduras.
Las proyecciones de los analistas privados sitúan la inflación de cierre de 2026 en torno al 4,4%, apenas por debajo de la meta central. Los empresarios son algo más pesimistas: sus estimaciones apuntan a 4,9% para el año. En cualquier caso, el margen entre el 2,94% de marzo y las proyecciones de diciembre implica una recuperación considerable en los próximos meses, en buena medida dependiente de variables externas que escapan al control de la política doméstica.