El exministro del interior Nicolás Martinelli envió durante la tarde del martes una comunicación escrita a su reemplazo en la cartera, Carlos Negro, designado por el actual gobierno del Frente Amplio. El documento expresa objeciones al Plan de Seguridad presentado recientemente y detalla una serie de sugerencias orientadas a modificar el enfoque del sistema penitenciario.
La misiva centra su discrepancia en lo que Martinelli considera un desbalance entre las medidas de infraestructura punitiva y las estrategias de reinserción. El exjerarca señala en el texto que «llama la atención la ausencia de iniciativas vinculadas a la creación de un centro público de rehabilitación de adicciones para personas privadas de libertad», un elemento que califica como determinante para abordar el delito desde una perspectiva estructural.
cárceles de máxima seguridad y capacidad ociosa son dos conceptos que atraviesan la argumentación del exfuncionario. Martinelli pone en duda la razonabilidad de edificar dos nuevos módulos de alta seguridad, cada uno con 50 plazas, cuando la infraestructura existente no opera a pleno rendimiento.
«No parece razonable establecer como prioridad la construcción de dos nuevas unidades de máxima seguridad (con 50 plazas cada una), cuando la infraestructura existente no está siendo utilizada en su totalidad», consigna la carta a la que accedió El País. El exministro sugiere que la planificación vigente podría estar sobredimensionando la respuesta edilicia en lugar de optimizar los recursos ya disponibles.
Para respaldar su postura, Martinelli detalla situaciones de gestión que a su juicio evidencian que las unidades de alta seguridad no cumplen la función para la cual fueron diseñadas. El documento menciona que una de estas cárceles ha sido «parcialmente vaciada» en fechas recientes, lo que contradice la supuesta necesidad urgente de nuevas plazas.
El exministro añade ejemplos concretos: «el caso de (Luis) Fernández Albin, quien en 2024 se encontraba alojado en dicha unidad y actualmente ha sido trasladado al centro de derivación de la Unidad Nº 1; así como el de (Erwin «Coco») Parentini, quien fue derivado a la cárcel de Libertad en virtud de una decisión judicial que no se ajustaría a derecho, en tanto vulnera lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Nº 14.470, sin que se advierta una actuación del Ministerio del Interior al respecto».
Ante este diagnóstico, Martinelli plantea una alternativa concreta: reducir la construcción de nuevas unidades de máxima seguridad de dos a una sola. Los fondos remanentes, sugiere, deberían destinarse a la creación de un centro modelo para el tratamiento de adicciones dirigido a población penitenciaria.
La propuesta incluye una solución logística que aprovecha la reubicación programada de la actual cárcel de mujeres, conocida como Unidad Nº 5. Dicho edificio será desocupado cuando las internas sean trasladadas a la nueva infraestructura de Punta Rieles. Martinelli sostiene que «no sería necesario comenzar desde cero», dado que el inmueble funcionó en el pasado como hospital psiquiátrico y conserva una disposición arquitectónica que facilita su reconversión hacia un centro de rehabilitación.
En cuanto al financiamiento, el exministro indica que los recursos podrían obtenerse mediante una «readecuación de la ampliación prevista en el marco de la participación público-privada (PPP) de la Unidad de Libertad». Esta reasignación permitiría, según el documento, establecer mecanismos de derivación específica para reclusos con consumos problemáticos. Aquellos que culminaran exitosamente sus tratamientos podrían acceder incluso a regímenes de libertad anticipada, siempre bajo diagnósticos profesionales y ajustes normativos.
La misiva eleva finalmente una discusión de orden conceptual sobre la filosofía que debería guiar la política de seguridad del Estado. Martinelli advierte que insistir únicamente en la construcción de cárceles de máxima seguridad implica «continuar abordando las consecuencias del problema sin atender suficientemente sus causas».
El exministro sostiene que la rehabilitación tiene un impacto directo en la convivencia urbana, especialmente en la reducción de personas en situación de calle, al intervenir sobre el consumo de sustancias que suele operar como motor del circuito de exclusión. Si el reto fuera solamente levantar muros, la solución sería sencilla, pero la realidad delictiva presenta una complejidad mayor.
Martinelli alerta que el plan actual «incorpora el problema de las adicciones, pero lo hace sin aportar herramientas nuevas ni un cambio de enfoque capaz de romper la inercia actual». La carta concluye con una disposición al diálogo para profundizar estas ideas e insiste en que la seguridad pública exige «innovar y animarse a atacar las causas» profundas de la criminalidad.
rehabilitación de adicciones, política penitenciaria y reasignación presupuestal son los ejes que estructuran la propuesta del exministro, quien busca trasladar el debate desde la mera expansión del sistema carcelario hacia una estrategia que combine contención punitiva con intervención sobre los factores de riesgo asociados al consumo problemático de sustancias.