La administración de Yamandú Orsi envió al Parlamento un proyecto de reforma al Código del Proceso Penal (CPP) que incluye la ampliación del beneficio de libertad anticipada para personas condenadas por delitos graves. La iniciativa, elaborada durante 2024 por un grupo de juristas y representantes del sistema judicial en la Torre Ejecutiva, propone modificar el estatuto vigente desde la Ley de Urgente Consideración (LUC) de 2020, que restringía casi totalmente ese derecho para crímenes como homicidio, violación, secuestro y abuso sexual.
El debate resurgió en la esfera política tras la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, realizada el jueves anterior por el senador colorado Pedro Bordaberry. En esa instancia, la oposición insistió en que el gobierno buscaba “la liberación” de reclusos, algo que “pasó en 2005” y luego a partir de 2017 con la implementación del nuevo CPP. Negro respondió: “De ninguna manera este gobierno ni el ministerio ha planteado nunca, ni antes ni después de las elecciones, de alguna forma liberar presos”. Y agregó: “Eso es un relato que se ha generado y que parece que se mantiene con una finalidad absolutamente política, en la que no vamos a entrar porque sería una discusión ante un hecho que no existe y sin fundamento”.
No obstante, el propio ministro reconoció la existencia de “vías de escape al sistema penal” para evitar el hacinamiento carcelario y “alimentar bandas criminales con personas que salen del sistema penitenciario habiendo ingresado por delitos de muy escasa entidad”. Esas vías están detalladas en el proyecto remitido al Senado, que ya se encuentra en la comisión de Constitución y Legislación.
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, declaró el lunes en entrevista con Canal 5 que la aplicación de la nueva libertad anticipada podría derivar en la liberación potencial de aproximadamente 2.000 personas privadas de libertad. “Va a mover la aguja” en la población carcelaria, afirmó, al referirse al impacto de los artículos que buscan “descomprimir” el sistema. Según sus cálculos, “el 15% o el 17% de 17 mil personas es mucha gente, ¿verdad? Son más de 2.000 personas” el universo de quienes podrían solicitar su salida.
Juanche aclaró que es “inexacto” decir que esa liberación la dispondrá el Ministerio del Interior, ya que será “la Justicia” la que analizará, caso a caso, cada solicitud. La jerarca detalló que el beneficio se habilitaría tras el cumplimiento de tres cuartos de la pena, siempre que se evalúe la “conducta” del condenado, su “personalidad, forma y condiciones de vida”, y si es posible “formular un pronóstico favorable de reinserción social”, requisitos ya previstos en la normativa actual.
Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en la oposición. El senador blanco Javier García escribió en X que con esos dichos se confirmaba “lo que el ministro Negro negó en la interpelación: de aprobarse las modificaciones al CPP se liberarán aproximadamente 2.000 presos”. El colorado Andrés Ojeda sostuvo que se “pretenda legislar sin medir consecuencias” y que el Estado transmite “un mensaje de desprotección y de absoluto desgobierno en materia de política criminal”.
En la bancada del Frente Amplio, algunos legisladores recibieron con “sorpresa” las afirmaciones de Juanche, según informó El País citando a una fuente parlamentaria. Los oficialistas esperarán “con más información” sobre las proyecciones de la titular del INR. Otras fuentes del oficialismo señalaron que el debate está “recién comenzando” y que se espera la comparecencia del grupo de expertos que trabajó en el tema ante la comisión de Constitución para la semana próxima. Un legislador frenteamplista sintetizó: “Vamos a trabajar para lograr los apoyos necesarios para que esta reforma pueda ser aprobada en ambas cámaras”. En Diputados, el Frente Amplio no tiene mayoría, por lo que “si no hay consenso con estos artículos, se quitarán”.
El lunes por la tarde, el prosecretario Jorge Díaz se reunió con integrantes de Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos. Según informó a El País Ignacio Errandonea, el gobierno decidió retirar de la iniciativa el inciso que permitía que los penados por delitos de lesa humanidad pudieran acceder a la libertad anticipada. Así fue comunicado tras el encuentro.
Marcelo Malvar, ministro del Tribunal de Apelaciones e integrante del Grupo Asesor Técnico que respaldó unánimemente la propuesta, expuso el miércoles anterior en la Universidad de la República. Explicó que el grupo “optó por el término medio” entre la restricción “casi total” de la LUC y la amplitud inicial del CPP de 2017. Sobre los plazos, detalló: “Por ejemplo, un condenado por homicidio muy especialmente agravado, con una pena de 30 años, va a poder solicitarla a los 22 años y seis meses. O sea —dijo Malvar—, va a tener que cumplir una pena efectiva de 22 años y seis meses”.
Otro caso hipotético mencionado por el juez: “Un condenado por un hurto agravado con una pena de dos años, alguien que rompió el vidrio de un auto en la calle y se robó las moneditas para la propina, y que hubiera sido condenado a dos años, va a poder pedir la liberación anticipada al año y medio”. Malvar enfatizó que la libertad anticipada no se concede “automáticamente”, sino que requiere una evaluación profunda de cada caso. La reforma propone habilitar este beneficio para todos los delitos graves actualmente excluidos, incluyendo violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, secuestro y homicidios, siempre que se cumplan las tres cuartas partes de la condena y los criterios de reinserción social.