El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay confirmó el 9 de abril de 2026 que no impondrá la exigencia de receta médica para adquirir paracetamol de 500 mg o más. La ministra Cristina Lustemberg lo declaró en rueda de prensa, contradiciendo información que había circulado con respaldo de fuentes internas de la propia cartera apenas ocho días antes.
El anuncio cerró, al menos por ahora, un debate que había cobrado notoriedad pública desde el 1° de abril, cuando medios de comunicación reportaron —con fuentes del propio ministerio— que la firma de una ordenanza era inminente. En ese momento se transmitió que la decisión estaba tomada y que solo faltaba la rúbrica formal de la ministra.
El giro generó tensión institucional. Lustemberg se mostró molesta con los trascendidos y fue categórica: la medida no se aplicará.
El punto de partida fue la información producida por el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) del Hospital de Clínicas. Los registros de 2025 muestran que ese organismo procesó cerca de 15.000 consultas a lo largo del año, a razón de 52 llamadas diarias. El 70% correspondió a intoxicaciones con medicamentos, en su mayoría vinculadas a intentos de suicidio. El paracetamol figuró entre las diez sustancias más frecuentes en esos episodios, pese a ser un fármaco de venta libre.
La distribución etaria de los casos fue uno de los elementos que mayor preocupación generó entre las autoridades sanitarias. El 26% de las intoxicaciones involucraron a adolescentes de entre 12 y 17 años. La edad promedio en los casos específicos de paracetamol alcanzó los 25 años. El caso más grave documentado fue el de una adolescente de 16 años, oriunda de Tacuarembó, que murió tras consumir el fármaco en sobredosis.
Frente a esos datos, el CIAT había trasladado formalmente su preocupación al MSP en años previos. La cartera, junto con las Unidades de Toxicología y Farmacovigilancia, trabajó en la evaluación de mecanismos de regulación. Esa evaluación fue la que, según los trascendidos de principios de abril, habría derivado en la decisión de requerir receta.
Lustemberg no negó los datos. Reconoció que en 2025 se registraron 461 casos de sospecha de intoxicación con paracetamol y sostuvo que la cartera continúa trabajando en el análisis de las causas de intoxicación aguda. Sin embargo, trazó una línea clara entre ese diagnóstico y la medida que se le había atribuido.
«Todos los medicamentos, así sean de uso libre, tienen que ser consultados a los equipos de salud», declaró la ministra.
La frase no planteó ninguna restricción de acceso concreta. El paracetamol seguirá disponible sin receta en farmacias, en múltiples presentaciones y sin límites de cantidad por compra, condición que según el propio CIAT facilita el acceso a dosis elevadas con escaso control en el punto de venta.