El gobierno uruguayo activó el mecanismo inicial para elaborar una hoja de ruta orientada a gestionar la adhesión plena a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se requirió la realización de un análisis económico específico encargado a la organización con sede en París. “Es la primera vez en la historia de Uruguay que se pide” este tipo de evaluación particular a la OCDE, según indicó Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial del MEF.
Previamente, el país había participado en estudios multidimensionales elaborados por el Centro de Desarrollo del organismo, pero no de un examen económico completo. Labraga detalló que “ese estudio demora dos años, son los tiempos de la OCDE, y nos va a dar todas las brechas regulatorias y otras que tiene Uruguay”. Una vez finalizado ese diagnóstico, corresponderá diseñar una hoja de ruta y un programa país para determinar si Uruguay decide implementar las reformas necesarias para incorporarse como miembro pleno.
El consultor internacional de OCDE, Marcelo Scaglione, moderó una conversación en la que participaron Labraga, Ignacio Munyo (director ejecutivo de Ceres) y Carlos Loaiza-Keel (socio de Garrigues). Los especialistas abordaron los aspectos regulatorios que el país debe considerar para potenciar su inserción internacional y la eventual aspiración a la membresía plena.
El foro Grow with Spain, la vía española, fue organizado por la Cámara Española de Comercio y reunió a representantes del sector empresarial y político en el Hyatt Centric Montevideo. El comercio internacional como motor de inversión y crecimiento constituyó el eje central del encuentro. Entre los temas tratados figuraron las reformas microeconómicas para favorecer el clima de negocios en Uruguay y la internacionalización de empresas en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a través de España.
El presidente de la Cámara Española de Comercio, Alberto Charro, afirmó en su discurso inaugural: “Susto o muerte: internacionalizarse es susto, pero no hacerlo es la muerte”. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, declaró ante los empresarios que en un contexto global signado por la incertidumbre, resulta urgente “levantar la bandera de la paz”.
Sánchez aseveró que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se inscribe en ese contexto y abre la oportunidad de un mercado de 750 millones de personas, además de la posibilidad de trabajar sobre valores comunes. “Uruguay se tiene que preparar para ese acuerdo”, enfatizó.
Sánchez reconoció que el acuerdo generará inevitablemente ganadores y perdedores en la competencia que se despliegue. La clave estará en la capacidad de reconversión de los sectores más afectados y simultáneamente en el impulso a los beneficiados. El secretario de Presidencia consideró fundamental la inversión extranjera directa junto con la apuesta de los propios inversores uruguayos a nivel local.
El gobierno apuesta a simplificaciones administrativas que, según las estimaciones oficiales, “darán ganancias al sector privado que estarán en el orden de los US$ 20 millones”. Sánchez se refirió también a la Ley de Competitividad que aún no ha sido presentada formalmente y cuyo espíritu contempla “ver al privado como un aliado”.
Labraga adelantó que la Ley de Competitividad, actualmente en fase de elaboración y recepción de insumos desde el sector privado y la sociedad civil, incluirá un capítulo específico sobre buenas prácticas internacionales. El director del MEF puso en duda, sin embargo, la existencia de consenso político en Uruguay para avanzar hacia la OCDE. “Todos queremos ir más rápido”, reconoció Labraga, y señaló que en Uruguay el organismo despierta pasiones comparables a las que genera el Fondo Monetario Internacional en Argentina: “o lo aman o lo odian”.
Ignacio Munyo planteó la necesidad de “tener un poco de humildad y dejarse ayudar”, ejemplificando con los asesores de primer nivel de la OCDE que condujeron reformas exitosas en otros países para alinearse a estándares y compromisos internacionales. “La Unión Europea y la OCDE son primos hermanos porque el 80% de los países que están en la UE están en la OCDE”, señaló el director ejecutivo de Ceres.
Munyo insistió en que Uruguay requiere más reformas microeconómicas que mejoren el ambiente de negocios, así como “reformas del Estado” consistentes en transformaciones regulatorias para hacer más eficientes las instituciones públicas.
Labraga respondió que “en Uruguay estamos en una tendencia de dejarnos ayudar a la velocidad uruguaya” y agregó que la apuesta no reside en dejarse ayudar sino en “crear una regulación más eficiente y más acorde al mundo”. El director del MEF explicó que las medidas regulatorias en el siglo XX funcionaron como barreras no arancelarias. “Se usaban los aranceles y después que se bajaron los aranceles, las diferentes regulaciones se utilizaban para trabar el acceso”, afirmó.
Carlos Loaiza-Keel precisó que foros como la OCDE implican un proceso de estandarización, aprendizaje mutuo y reconocimiento de ventajas reales que deriva en mejoras institucionales y regulatorias. Eso “genera mayor inversión, productividad y competitividad de las empresas”, sostuvo el socio de Garrigues. Al momento de negociar, añadió, “no es lo mismo para un país sentarse a negociar un acuerdo con un país que es miembro de la OCDE, que con uno que no lo es. Hay una cantidad de factores que están allanados, que ya no hay que discutir y genera ventajas importantes respecto de otras zonas de la región”.
Munyo insistió en que sería muy beneficioso que “Uruguay se animara a dar el paso hacia adelante y pidiera la membresía plena a la OCDE con todo lo que implica ese proceso”. El economista destacó que ello favorecería la capacidad de ejecución del país, un aspecto en el que Uruguay suele fallar. Labraga calificó la discusión sobre el ingreso a la OCDE como “una discusión bien relevante que vamos a tener como sociedad y el sistema político uruguayo” en el horizonte de dos años.
Los otros tres miembros del Mercosur —Argentina, Brasil y Paraguay— ya pidieron su adhesión plena como miembros de la OCDE. Munyo concluyó: “Somos los únicos del Mercosur que no nos animamos todavía a dar ese paso”. La organización internacional reúne países con economías de mercado para coordinar políticas públicas, compartir información y promover estándares comunes en áreas como economía, educación, comercio, impuestos y gobernanza.
Fundada en 1961, actualmente integrada por más de 30 países —mayoritariamente economías desarrolladas junto con algunas emergentes—, la OCDE funciona como un espacio técnico donde los gobiernos intercambian experiencias y diseñan lineamientos basados en evidencia.
La OCDE no dicta leyes obligatorias, pero establece recomendaciones y estándares que influyen en las políticas internas de sus miembros. Entre sus principales funciones se encuentran elaborar estudios económicos comparativos, definir buenas prácticas en políticas públicas, generar estadísticas internacionales confiables, evaluar desempeño en áreas como educación (pruebas PISA) y promover transparencia fiscal junto con la lucha contra la evasión.
La membresía aporta mayor credibilidad internacional como señal de estabilidad institucional y económica, acceso a información y análisis de alta calidad, mejora en estándares internos del Estado, integración en redes de cooperación, influencia en la agenda global y evaluaciones constantes que permiten identificar debilidades y oportunidades de mejora.
Pertenecer a la OCDE implica integrarse a un sistema de cooperación internacional basado en estándares comunes que proporciona herramientas, marcos de referencia y validación externa para mejorar políticas públicas e inserción internacional.