Una comisión de reforma constitucional integrada por exdirigentes de Cabildo Abierto, referentes del movimiento Un Solo Uruguay y la escritora Mercedes Vigil avanza hacia una consulta popular proyectada para las elecciones de 2029. El grupo, que se formalizó hace algunas semanas bajo el nombre Comisión Nacional Reforma Constitucional 2029, celebrará este martes su primera reunión de coordinación con la Corte Electoral.
La propuesta requiere reunir el 10% de las firmas del padrón electoral para habilitar el mecanismo de consulta popular. Entre los integrantes figuran Roque García, excandidato a la Intendencia de Montevideo por Cabildo Abierto; Carlos Testa, exdiputado del mismo partido; Raúl Viñas, referente del Movimiento por un Uruguay Sustentable; y Federico Holzmann, quien tuvo participación activa en Un Solo Uruguay.
La plataforma pública de la comisión sostiene que el grupo actúa con “neutralidad política” y orienta su propuesta hacia un Estado con mayor “eficacia”, “transparencia”, “austeridad republicana” y “participación”.
García señaló que Vigil fue quien fue “juntando referentes” para el proyecto. Según el exdirigente cabildante, lo que articula al grupo es “una mirada crítica de algunos problemas estructurales” del país. En esa línea, Viñas indicó que el planteo busca que “se manejen mejor los recursos del Estado”.
Viñas apuntó a lo que describió como una “estructura legal” que habilita “contratos que se hacen por montos multimillonarios para obras que no se justifican, que no son de necesidad”. Una de las propuestas concretas consiste en “prohibir los contratos secretos o con cláusulas confidenciales, salvo anuencia parlamentaria por mayoría de dos tercios, la que se requerirá también para megaproyectos mineros o industriales sobre recursos estratégicos”.
Viñas precisó que la iniciativa no tiene como objetivo “ni buscar cargos ni remuneraciones”, sino “llevar a que la gente pueda tener la oportunidad de pensar en las cosas importantes”. García, por su parte, señaló: “Cuando uno cree en la participación popular, no importa tanto lo que vos o yo pensemos”.
El texto que impulsa la comisión incluye la eliminación de los cargos de confianza en toda la administración pública. En su lugar, se plantea que “todo cargo público no electivo será cubierto por concurso de oposición y méritos, con exigencia de ficha limpia”. Para aquellos cargos en los que “no se requiera capacitación”, la propuesta indica que la designación se realizaría “por sorteo”.
En materia de fueros parlamentarios, se propone su eliminación “salvo los de la función específica” de la tarea legislativa. Se agrega que “el organismo afectado se obliga a repetir contra el funcionario el daño patrimonial causado”. Sobre la representación electoral, el texto plantea “permitir listas abiertas con voto preferencial dentro de los lemas partidarios, a fin de fortalecer la representación individual y debilitar el carácter cerrado de los aparatos partidarios”.
La propuesta también incluye reducir el número de senadores y diputados, establecer “un solo secretario y sin partidas adicionales” por legislador y prohibir la propaganda oficial, con excepción de comunicados institucionales y la de empresas públicas en competencia.
El punto de mayor carga política dentro del paquete de reformas es el que propone “restablecer la caducidad de la pretensión punitiva del Estado para delitos anteriores a 1985 y cesar la heredabilidad de las reparaciones asociadas a ese período de la historia reciente”. Esta formulación, de concretarse, implicaría reinstaurar el alcance protector de la Ley de Caducidad —derogada por el Parlamento en 2011— respecto de los delitos cometidos durante la dictadura, períodos en que se documentaron violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y torturas.
El límite temporal de 1985 corresponde al año de retorno a la democracia. La propuesta no distingue entre tipos de delitos ni hace excepciones para crímenes de lesa humanidad, categoría que en el derecho internacional no admite prescripción. Sobre este punto, García planteó que si “la gente contesta que no, la propuesta no va”. A continuación afirmó: “Se ha ido dos veces [a consultas populares] en Uruguay y las dos veces ganó perdonar, y si mañana hubiera elecciones, gana de nuevo”.
La iniciativa se encuadra en un proceso que deberá atravesar el filtro de la recolección de firmas antes de poder ser sometida al voto ciudadano en 2029. La reunión con la Corte Electoral de este martes constituye el primer paso formal en esa dirección.
Entre los múltiples puntos que componen la propuesta de reforma constitucional de la Comisión Nacional Reforma Constitucional 2029, hay uno que concentra el debate político con más fuerza que los demás: el que propone “restablecer la caducidad de la pretensión punitiva del Estado para delitos anteriores a 1985”. La formulación es técnica, pero sus consecuencias prácticas remiten a un universo concreto de personas: los militares y policías condenados o procesados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar uruguaya entre 1973 y 1985.
Para entender quiénes son esas personas, es necesario reconstruir el marco legal que hoy las mantiene ante la justicia. En 2011, el Parlamento aprobó la ley N.º 18.831, que restableció la capacidad punitiva del Estado sobre los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado hasta el 1.º de marzo de 1985 y los catalogó como crímenes de lesa humanidad. Esa ley fue la que, en los hechos, dejó sin efecto la Ley de Caducidad de 1986, que durante 25 años había bloqueado los juicios contra los responsables de torturas, desapariciones forzadas y homicidios políticos.
Lo que la comisión de Vigil propone es, desde el punto de vista de su redacción, volver al estado anterior a esa ley de 2011.
Hasta junio de 2023, los tribunales uruguayos habían dictado sentencias en solo 20 casos penales, con 28 personas condenadas en total, algunas involucradas en múltiples causas. La cifra es notablemente baja en perspectiva regional: los tribunales argentinos habían dictado 301 sentencias desde 2006, con más de 1.100 personas condenadas por los crímenes de la dictadura de 1976-1983.
El proceso judicial uruguayo continuó activo más allá de ese corte. En agosto de 2025, fueron procesados con prisión los militares miembros del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) Jorge Silveira, Raúl Scioscia y Rubén Sosa Tejera.
Ese mismo año, en julio de 2025, la investigación penal sobre otro caso concluyó con la condena de los represores Rombys y Maciel, estableciéndose además la responsabilidad de otros actores en interrogatorios y torturas.
Y en diciembre de 2025, la justicia uruguaya condenó a nueve militares retirados por torturas ocurridas durante la dictadura, entre cuyas víctimas estaba el médico Vladimir Roslik, el último asesinado del período dictatorial.
Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, aproximadamente la mitad de los imputados, procesados o condenados por crímenes cometidos en la dictadura ya se encuentran en prisión domiciliaria, dado que la normativa vigente permite la excarcelación cuando existe enfermedad incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario.