La fiscalía de Delitos Sexuales convocó a una audiencia debido a que el martes vencía la prisión preventiva impuesta al exsenador nacionalista Gustavo Penadés y al profesor de Historia Sebastiago Mauvezin. La conducción del acto estuvo a cargo de la jueza suplente Gabriela Azpiroz, no de la jueza Marcela Vargas, quien venía siguiendo la causa. Esta situación llevó a que tanto la acusación como las defensas incorporaran explicaciones y datos contextuales para poner al día a la nueva magistrada.
La fiscal Isabel Ithurralde anunció su petición de mantener la prisión preventiva para ambos imputados por seis meses adicionales, hasta el 2 de octubre. Sostuvo los mismos argumentos que ha manejado a lo largo de la investigación y reiteró que persisten los riesgos para la seguridad de las víctimas y el posible entorpecimiento de la investigación.
Ithurralde señaló que la causa presenta características particulares. Existen “13 víctimas, que salvo tres de ellas, tienen identidades reservadas y algunas de ellas han sido perseguidas, han sido amedrentadas, lo cual también constituye parte de la acusación por algunos delitos por los cuales se acusó a Penadés”, en referencia a una investigación paralela dentro del caso.
La fiscal agregó que, si bien las víctimas ya declararon en forma anticipada, “hay que protegerlas a lo largo del proceso”. Describió a las víctimas como personas de “gran vulnerabilidad”. Precisó que “si bien ya son mayores de edad, uno de ellos cumplió la mayoría hace poco, que es la víctima E, son jóvenes de un contexto socioeconómico con algunas dificultades, que fueron contactados por Mauvezin, concretamente la víctima D, quien obviamente era menor de edad, a comienzos del año 2022, que en ese momento él era quien tenía celular, los otros chicos no tenían celular, contactaba chicos para encuentros sexuales que mantenía Gustavo Penadés”.
En su exposición, Ithurralde mencionó la existencia de “registros de muchos giros de dinero que le hacía Penadés a Mauvezin a través de un testigo”. Se trata del dueño de locales de Abitab, quien declaró ante Fiscalía que realizaba las transferencias a Mauvezin por pedido de Penadés.
La fiscal mencionó a otro testigo, un joven de aproximadamente 24 años residente en Maldonado. Este declaró que, siendo ya mayor de edad, se contactó con Mauvezin, quien le ofreció enviar fotos íntimas a cambio de dinero. Ithurralde precisó que el testigo declaró ante Fiscalía que la propuesta incluía encontrarse con personas de más edad, aunque “no dijo concretamente Penadés, dijo hombres mayores”.
También se refirió a una testigo que relató un almuerzo mantenido con Mauvezin. Durante esa comida, él le habría contado que mantenía un vínculo con Penadés, quien le pedía que buscara chicos jóvenes para encuentros sexuales. La fiscal indicó que “hablaron sobre un vecino de la testigo, que era menor de edad, con quien Mauvezin estaba interesado en contactarle a los efectos de que estuviera con Penadés”.
La fiscal agregó como riesgo la situación del policía Federico Rodríguez. Este efectivo trabajó para Carlos Taroco y tuvo un rol activo en la investigación paralela, luego de lo cual acordó con la fiscalía. Rodríguez, quien fue condenado y declaró en forma anticipada ante la jueza Marcela Vargas, denunció que en una audiencia anterior se sintió amenazado. Según su relato, al finalizar la audiencia “el señor Penadés se paró, caminó hacia él, le dio la mano y le dijo un gusto, nos vemos”.
Ithurralde afirmó que el testigo “quedó como blanco del miedo. Eso fue presenciado por la doctora Vargas, ella misma lo refirió en audiencias previas. y ha sido valorado y la Fiscalía entiende que es un motivo de valoración para el peligro de entorpecimiento con los testigos”. Ese hecho fue denunciado ante la fiscal de Flagrancia Graciela Peraza.
La abogada Soledad Suárez, en representación de las víctimas, adhirió a los argumentos de la fiscalía. Puso énfasis en el “poder” que “todavía detenta” el imputado. A su juicio, ese poder “no se limita a un cargo, luego de 30 años del ejercicio del poder público” y refiere a “vinculaciones, influencias, contactos, en suma, la posibilidad de acceder a personas, lo que para otros podría ser inimaginable”.
Con respecto a Mauvezin, Suárez sostuvo que, aunque no posee el poder de Penadés, entiende que a esta altura está plenamente probado que cumplía “el rol de captor, es la persona por detrás y la que evitaba que Penadés fuera al encuentro directo de los menores de edad, como sí había hecho con tiempos anteriores, con otras víctimas”.
El defensor Homero Guerrero solicitó la aplicación de medidas cautelares “menos gravosas” que “tienen el mismo poder neutralizador”, como la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Argumentó que resulta “totalmente irracional mantener la prisión preventiva de ambos encausados” en esta etapa del proceso. Sostuvo que mantenerla implicaría considerar “que existen delitos inexcarcelables” cuando no los hay, lo que iría “contra la última reforma del proceso penal” y constituiría “claramente la aplicación de una pena anticipada”.
Guerrero respondió a “algunas apreciaciones que hace la Fiscalía” que a su entender “no son así”. Señaló: “Se habló de víctimas vulnerables que no tenían teléfono y quedó demostrado que si tenían teléfono celular”.