El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36 turno resolvió este lunes mantener la prisión preventiva respecto al exsenador Gustavo Penadés. Para el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, en cambio, se dispuso arresto domiciliario nocturno. Penadés enfrenta una imputación por más de 20 delitos sexuales dentro de esta misma investigación judicial.
La audiencia tuvo origen en un pedido de prórroga de medidas cautelares presentado por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er turno. El organismo fiscal también apeló la decisión de la jueza suplente Gabriela Azpiroz en lo referente a Mauvezín. Ahora será un tribunal superior el que deberá resolver sobre esa apelación. Mauvezín había sido imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en el marco de esta causa.
Al finalizar la instancia judicial, a la que asistió el medio El País, el profesor de Historia comenzó a hablar sin que mediaran preguntas de los periodistas. «Hoy hay justicia, aunque soy cauto con la decisión que puede tomar el tribunal», dijo Mauvezín a El País.
En sus manifestaciones, el imputado afirmó que «hay libertad de expresión» y que como acusado tiene derecho a expresarse. «Hace dos años y seis meses estoy en prisión preventiva», declaró. Agregó que se le propuso alcanzar un acuerdo de juicio abreviado pero que no aceptó porque se considera «absolutamente inocente».
«Estoy muy calmo de conciencia», sostuvo Mauvezín. Consideró que en este proceso, que todavía no llegó a la etapa de juicio, «se están utilizado» métodos «de la Inquisición». Mencionó específicamente a Tomás de Torquemada, quien, según sus palabras, «humillaba a la gente» y «la degradaba». «En este caso es lo que se está haciendo: humillando y degradando a las personas y a nuestra causa. En mi caso personal he tenido una indefensión absoluta», señaló.
El docente acusado pidió «que no se invisibilice» su caso, que al principio tuvo «tanta prensa». Propuso que «estaría muy bueno que se filmaran las audiencias» porque así se vería «cómo se trata» a los imputados. «Por algo el 98,5% va a juicio abreviado y poca gente va a juicio, por una cuestión del pacto extorsivo», indicó Mauvezín. Posteriormente afirmó que irá «hasta el final» para demostrar su inocencia.
En octubre de 2025, la fiscal del caso, Isabel Ithurralde, solicitó una pena de 16 años de prisión para Penadés, acusado de 22 delitos sexuales. Según la tesis fiscal, todos estos delitos se cometieron respecto de 13 víctimas entre los años 90 y 2021.
La causa contra Gustavo Penadés se constituyó como uno de los procedimientos judiciales de mayor repercusión en Uruguay en el periodo reciente. Penadés, senador del Partido Nacional y figura con influencia dentro del oficialismo, fue denunciado en 2023 por presuntos delitos vinculados a la explotación sexual de menores.
La pesquisa se originó a partir de testimonios de varias víctimas que afirmaron haber sido captadas cuando eran adolescentes, en contextos de vulnerabilidad, y luego involucradas en situaciones de abuso. La causa adquirió consistencia cuando la Fiscalía, liderada por Alicia Ghione, reunió evidencia que incluía declaraciones, pericias y registros que apuntaban a un posible esquema organizado.
En octubre de 2023, la Justicia formalizó la imputación contra Penadés y dispuso su prisión preventiva mientras avanzaba el proceso. Los cargos incluyeron delitos como abuso sexual, explotación de menores y asociación para delinquir. La investigación se extendió a otras personas presuntamente vinculadas, lo que reforzó la hipótesis de una red.
Penadés renunció a su banca en el Senado y fue expulsado del Partido Nacional. El caso generó debates sobre el funcionamiento del sistema político, la protección de menores y el rol de las instituciones frente a denuncias de este tipo.