El acuerdo firmado entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, valuado en casi 100 millones de dólares, continúa derivando en acciones legales y administrativas.
Durante el gobierno anterior, la operación se concretó por compra directa y actualmente se encuentra bajo análisis en tres ámbitos: una denuncia penal presentada por la administración actual, una investigación bicameral en el Parlamento y una investigación administrativa en el Poder Ejecutivo que ya ha arrojado resultados preliminares.
En las últimas horas, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dispuso la apertura de un sumario administrativo contra Damián Galó, quien se desempeñó como director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa durante la gestión de Javier García.
Galó es un contador que trabajó durante cinco años en esa cartera y actualmente se encuentra en pase en comisión en el despacho del senador García. La decisión de la ministra se basa en tres aspectos detectados en la investigación de la Oficina Nacional de Servicio Civil: omisión de un análisis financiero adecuado del contrato, falta de advertencias sobre los riesgos económicos de Cardama y deficiencias en la gestión de las garantías.
La investigación administrativa, según contó [//www.youtube.com/watch?v=ag-oh-KXkJ4] el periodista Eduardo Preve, incorporó intercambios de mensajes de audio entre Damián Galó y José Delpiazzo, abogado contratado por el Ministerio de Defensa anterior para asesorar en la negociación con el astillero.
En una conversación del 4 de noviembre de 2024, el abogado José Delpiazzo analiza documentación enviada por Cardama y expresa: “Sí, a ver, originales son, lo que pasa seguimos sin saber si el que firma es el que dice ser y si tiene facultades para comprometer, para otorgar la garantía.” Más adelante, el asesor jurídico señala: “Este es como mucho papel este como que aparenta cuando lo abrís que cumple, pero después empieza a ver el contenido… y no”.
En otro audio del 5 de noviembre, Delpiazzo alerta sobre la falta de prolijidad del astillero y compara la situación con un proceso licitatorio estándar. El abogado afirma: “Si yo me presento una licitación con estas garantías, ya te digo que cualquier administración me descalifica”. Cabe recordar que el contrato con Cardama no fue adjudicado mediante licitación pública, sino a través de una compra directa por un monto cercano a los 82 millones de euros.
La investigación administrativa a nivel del Poder Ejecutivo se ampliará debido a diferencias en las declaraciones de dos oficiales superiores. Por un lado, el excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, sostuvo que autorizó un pago de 8,2 millones de euros de forma automática tras recibir un correo electrónico que confirmaba el cumplimiento de un hito contractual.
Por otro lado, el contraalmirante José Ruiz declaró que dicha autorización ocurrió 24 horas antes de que el correo llegara a la casilla de Wilson. Esta discrepancia involucra parte de los 30 millones de dólares que Uruguay ya transfirió a Cardama y que se consideran de recuperación incierta.
Paralelamente, un excontraalmirante identificado como Muso, quien ocupó el cargo de jefe de Estado Mayor de la Armada, brindó un testimonio de cuatro horas ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. En su declaración, Muso afirmó que Cardama habría accedido a información interna y privilegiada para mejorar su oferta.
Según su relato, el entonces ministro de Defensa, Javier García, entregó al comandante Wilson un cuadernillo con aproximadamente 20 especificaciones técnicas de una propuesta del astillero antes de que se realizara el llamado oficial a presentar ofertas.
En su testimonio, Muso detalló que la propuesta inicial de Cardama era extremadamente básica y no cumplía con la mayoría de los requisitos establecidos en una licitación previa. Esa primera licitación, que incluía 82 ítems técnicos, había sido ganada por una empresa china pero luego anulada por presiones políticas de Estados Unidos. Posteriormente, el Ministerio de Defensa realizó un llamado directo a precios a cuatro o cinco astilleros. Sin embargo, antes de ese llamado, Cardama ya había presentado un cuadernillo que circuló entre la cúpula de la Armada.
Muso señaló que, un mes después, Cardama presentó una nueva propuesta con modificaciones que coincidían exactamente con las razones por las cuales su oferta inicial había sido rechazada. El excontraalmirante declaró: “Lo más crítico es que a un astillero se le dijo, ‘Mejorá tu oferta’. ¿Quién fue el interlocutor? Lo desconozco.” Y agregó que esa mejora debería haberse ofrecido a todos los participantes. En su evaluación, Cardama presentaba plazos totalmente irreales, precios bastante temerarios y riesgo de quiebra.
El testimonio de Muso también cuestionó que el entonces viceministro de Defensa, Rivera Elgue, viajara exclusivamente al astillero Cardama en Vigo, España, pese a existir invitaciones de otros astilleros para conocer sus instalaciones, capacidades productivas y personal técnico. Según el excontraalmirante, ningún otro astillero fue visitado.
Respecto a la capacidad técnica, Muso afirmó que Cardama en sus 100 años de historia no ha construido un solo patrullero oceánico. Tampoco integra el catálogo de la industria de defensa de España, lo que le impediría instalar sistemas de armas por sí solo. Las patrulleras requeridas debían superar los 87 metros de eslora y las 1700 toneladas de desplazamiento. Otros astilleros españoles que sí están en el catálogo y han construido para otras armadas se presentaron al proceso.
Muso concluyó que la oferta de Cardama tenía un precio irreal y que no existía explicación para que un astillero sin experiencia pudiera reducir un 25% el tiempo de construcción y más de un 20% el precio respecto del mercado.