El presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry Rodríguez, junto a otras autoridades del organismo, concurrió a la comisión investigadora de la Cámara de Representantes. El motivo de la comparecencia fue la adquisición de la estancia María Dolores, operación que demandó una inversión cercana a los US$ 32,5 millones. La sesión, originalmente programada para el 6 de abril, fue adelantada por solicitud del propio jerarca, quien argumentó compromisos de agenda que requerían modificar la fecha.
Tras la instancia parlamentaria, Henry Rodríguez se presentó ante los medios. Al referirse a la denuncia penal que se tramita desde el año anterior, manifestó: “Si está todo en la Justicia, este es un paso de más”. El funcionario añadió que el instituto mantiene disposición para brindar explicaciones y que durante la comisión se respondieron las consultas planteadas, mientras que algunas de carácter más específico quedarán contestadas por escrito posteriormente.
En su exposición, el presidente del INC detalló avances operativos vinculados al predio adquirido. Indicó que en un lapso de ocho meses los productores involucrados ya están recibiendo grano y que el proceso se desarrolla bajo autogestión. Precisó que se ha llegado a 49 productores con más de 70 camiones de grano, además de 143 camiones de maíz de planta entera destinados a otros beneficiarios. Sobre este punto, enfatizó: “Nos parece fundamental la rapidez con que se han hecho todos los procesos”.
Henry Rodríguez destacó la generación de puestos laborales vinculados a la industria láctea y mencionó un componente orientado a pequeños productores. En ese marco, señaló que en la zona hay 381 productores familiares cuya producción anual es inferior a los 600.000 litros de leche, y advirtió que “se están perdiendo más de 100 productores por año”. Respecto a la proyección financiera del inmueble, sostuvo que “tendrá un valor seguramente con una capitalización del 4% anual, o sea que el Estado va a llegar al final del período con más capital en tierra”.
El jerarca defendió el funcionamiento de María Dolores y explicó que el banco de forraje constituye la herramienta mediante la cual se amplía el alcance a más beneficiarios. Afirmó que mientras mayor sea esa reserva forrajera, más productores podrán ser asistidos dentro del universo de 381 que se tienen como objetivo. Agregó que la cantidad de tambos no resulta el indicador más relevante, sino que lo central es alcanzar acuerdos con los beneficiarios zonales para definir el proyecto con mayor impacto social.
Sobre la legalidad del proceso de compra, Henry Rodríguez sostuvo que “es un elemento totalmente acabado” y que los procedimientos se ejecutaron conforme a lo establecido. Su declaración se produjo en el contexto de una comisión investigadora que había sido postergada en tres ocasiones previas: setiembre, diciembre y febrero.
El diputado Carlos Rydström, del Partido Colorado, quien ejerce la vicepresidencia de la comisión, expresó posturas discrepantes. El legislador señaló que durante la comparecencia se reiteraron argumentos ya conocidos “sobre la importancia estratégica o todo un montón de cuestiones más conceptuales, y que no resuelven los principales cuestionamientos”. Rydström mencionó además que un asesor del presidente del INC sostuvo que Eduardo Viera podría haber continuado al frente de Colonización, lo cual “contradiciendo a quienes asesoraron al presidente de la República (Yamandú Orsi) en ese sentido”, en referencia a la renuncia ocurrida en mayo de 2025.
El vicepresidente de la comisión afirmó que en el proceso se identificó “una obstinación política de querer comprar esta estancia a como dé lugar y después tratar de hacer encajar en el procedimiento todos los demás pasos”. Como ejemplo de lo que consideró modificaciones sobre la marcha, mencionó cambios en el plan de fondo: “que si eran 16 colonos o si ahora son 6, que si los olivos no se iban a utilizar y ahora quizás sí, que si hay aprobación ambiental para el feedlot o quizás no”.
De acuerdo con las actas de la instancia preinvestigadora, la oposición ha planteado cuestionamientos que alcanzan aspectos constitucionales, entre ellos una presunta inconstitucionalidad por haberse concretado la compra “en honor” al ex presidente José Mujica. También se cuestiona el valor pagado por hectárea, que según la oposición supera en un 40% el valor de mercado. El predio María Dolores abarca 4.400 hectáreas y el INC desembolsó US$ 7.300 por hectárea.
La oposición citó un informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) previo a la transacción que establecía que “el valor de tierra para operaciones similares en el mismo lugar es de US$ 4.400 la hectárea”. Asimismo, se apunta contra la actuación de Eduardo Viera, quien resolvió la compra y “tuvo que renunciar luego de que se comprobara que estaba impedido de ocupar dicho cargo” por su condición de colono.