El 29 de marzo de 2011, el gobierno uruguayo formalizó las relaciones diplomáticas con el Estado de Palestina. Aquel día no fue el punto de partida del proceso, sino su culminación visible. Dos semanas antes, el 15 de marzo, la administración del presidente José Mujica había comunicado formalmente a la Autoridad Nacional Palestina el reconocimiento del Estado palestino, con el canciller Luis Almagro como articulador de la decisión.
El acto del 29 de marzo tuvo un escenario particular: Montevideo albergaba un foro convocado por las Naciones Unidas sobre el proceso de paz entre Israel y Palestina. En ese marco, Almagro anunció que ambas partes designarían embajadores concurrentes «entre ese día y el siguiente». La coincidencia de fechas no fue casual: la capital uruguaya concentraba ese día a representantes de organismos internacionales y de la propia Organización para la Liberación de Palestina, entre ellos Saeb Erakat, miembro del Comité Ejecutivo de esa organización.
La base jurídica invocada por la cancillería uruguaya remitió a dos fuentes. Por un lado, las resoluciones de la ONU sobre el conflicto. Por el otro, la Convención de Montevideo de 1933, que establece los requisitos para que una entidad sea considerada Estado en el derecho internacional: población permanente, territorio, gobierno y capacidad de mantener relaciones con otros Estados. Almagro sostuvo que Palestina reunía los cuatro elementos.
El movimiento uruguayo no fue aislado. En diciembre de 2010, Argentina, Bolivia y Ecuador habían anunciado el reconocimiento del Estado Palestino. En los meses que siguieron, Chile, Perú, Guyana, Surinam, Paraguay, Honduras, El Salvador, Belice y Brasil adoptaron posiciones similares. Uruguay se inscribió dentro de esa secuencia latinoamericana que modificó de manera colectiva la postura del subcontinente frente al conflicto.
En ese proceso, Almagro precisó que el reconocimiento alcanzaba a la entidad estatal palestina, pero no a una delimitación territorial específica. La cancillería evitó pronunciarse sobre qué fronteras quedaban comprendidas. La decisión tuvo, en ese sentido, un alcance político definido y un alcance geográfico deliberadamente impreciso.
El propio canciller encuadró la medida dentro de una posición de principios: «la paz en la región solamente puede obtenerse en base a la existencia de dos Estados». Y agregó que Uruguay «simplemente va por el camino del reconocimiento de los dos Estados». Esa doctrina, la solución de dos Estados, funcionó como eje articulador de toda la comunicación oficial uruguaya en torno al reconocimiento.
El reconocimiento tuvo consecuencias institucionales concretas. Desde 2011, Uruguay mantiene una Embajada en Ramallah, que funciona en el Palestine Trade Tower, y el Estado de Palestina sostiene su propia representación en Montevideo. Las relaciones entre ambas partes se canalizan a través de esas misiones permanentes.
El vínculo, sin embargo, tiene raíces previas al gobierno de Mujica. El 17 de abril de 2010, Uruguay y la Autoridad Nacional Palestina firmaron un Comunicado Conjunto en el que acordaron formalizar las relaciones amistosas existentes y establecer oficinas de representación recíprocas. El reconocimiento del año siguiente fue, en parte, la continuación de ese proceso.
Hay un dato histórico que la cancillería uruguaya incorporó en la narrativa oficial. En 1947, el embajador uruguayo ante las Naciones Unidas, Enrique Rodríguez Fabregat, participó activamente en el debate sobre el Plan de Partición. Uruguay votó a favor de la Resolución 181, que estableció la división del territorio en dos Estados, y fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel. El reconocimiento de Palestina en 2011 fue presentado como coherente con esa posición histórica de apoyo a la existencia de dos entidades soberanas en la región.
Con el recrudecimiento del conflicto en Gaza a partir de octubre de 2023, el gobierno uruguayo emitió pronunciamientos sobre la situación humanitaria. Condenó los ataques de fuerzas israelíes contra población civil palestina e instó a Israel a garantizar el acceso de ayuda humanitaria sin restricciones, en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Al mismo tiempo, la postura oficial sostuvo la condena al terrorismo y la vigencia del derecho internacional tanto para Israel como para Palestina.
En los 15 años transcurridos desde la formalización, el eje de la política exterior uruguaya en relación al conflicto no registró variaciones doctrinarias de fondo. El compromiso con la solución de dos Estados y la apelación al derecho internacional permanecieron como los dos pilares centrales de la posición del país.
El reconocimiento de 2011, encabezado por Mujica y gestionado por Almagro, marcó el ingreso formal de Uruguay al grupo de países que sostienen la existencia del Estado Palestino como sujeto de derecho internacional. Hoy, con quince años de relaciones bilaterales, esa decisión forma parte del historial diplomático del país en uno de los conflictos de mayor persistencia en la agenda internacional contemporánea.