El gobierno de Yamandú Orsi dio a conocer el documento que regirá las acciones en materia de seguridad pública durante los próximos diez años. La iniciativa, denominada Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, concentra 79 acciones y 130 disposiciones específicas. La presentación tuvo lugar en un acto oficial con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo y de la cúpula policial.
Orsi definió el compendio como una estrategia de alcance nacional. Señaló que el material surge de un proceso de acumulación de conocimiento de la Policía Nacional desarrollado durante años, lo cual permite distinguir entre las medidas que han demostrado efectividad y aquellas que no.
Como respaldo a esta continuidad técnica, mencionó la permanencia de José Azambuya al frente de la dirección de la Policía Nacional, fundamentada en su trayectoria y conocimientos para “seguir una línea de trabajo que viene de lejos”. Añadió que a esto se suman las intervenciones ejecutadas durante los primeros doce meses de su administración.
El presidente destacó el enfoque interinstitucional que caracteriza al plan, bajo la conducción de la cartera del Interior. Explicó que los componentes tecnológicos, como el sistema de videovigilancia y el reconocimiento facial, requieren coordinación con otras secretarías de Estado, citando como ejemplo al Ministerio de Transporte.
También indicó que los aspectos vinculados a personas con consumos problemáticos de sustancias o en situación de calle implican articulación con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud Pública.
La estrategia contempla además la colaboración con el sector privado. Orsi afirmó que las empresas de seguridad privada incrementarán su nivel de interacción operativa con la fuerza pública.
El titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, detalló el proceso de elaboración del documento. Explicó que al inicio de la gestión, la coyuntura en materia de seguridad impuso un trabajo en “dos velocidades”: por un lado, la implementación de respuestas inmediatas, y por otro, la formulación de una política de mediano plazo con vocación de permanencia más allá del período de gobierno.
Negro describió una metodología estructurada en tres fases. La primera consistió en un diagnóstico basado en evidencia empírica. La segunda fase implicó la instalación de un diálogo social y político que congregó a aproximadamente 80 organizaciones, entre las que se incluyeron gremios sindicales, cámaras empresariales, instituciones académicas y agrupaciones políticas.
La tercera etapa fue la sistematización de las propuestas recabadas, cuyo resultado es un documento que opera como hoja de ruta para el resto de la administración. El plan resultante se organiza en siete ejes temáticos y contiene más de 130 medidas concretas.
En cuanto a la protección de la vida, las metas establecidas buscan reducir las cifras de homicidios y la violencia en zonas críticas, aumentar el porcentaje de esclarecimiento de estos delitos y disminuir los índices de impunidad. Negro enfatizó el control operativo en los barrios con mayores niveles de violencia, combinando inteligencia policial, lo que denominó “policiamiento inteligente” y disuasión focalizada en individuos y grupos de alta peligrosidad.
En lo relativo a mujeres e infancias, el plan busca una reducción sostenida de la violencia por motivos de género. Se propone mejorar los sistemas de respuesta y protección a víctimas mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia, así como la prevención y detección temprana en ámbitos educativos, sanitarios, comunitarios y digitales.
Negro mencionó la implementación de los dispositivos Élida 360, que calificó como la base principal para abordar agresores sin dispositivos electrónicos, y anunció la adopción de la herramienta VioGen para la evaluación de niveles de riesgo en denuncias por violencia doméstica.
El documento establece medidas específicas para la regulación del armamento. Se dispondrán controles sobre la circulación de armas de fuego y municiones, se mejorará la trazabilidad de estos elementos y se reforzarán las inspecciones en pasos fronterizos y en las cadenas de distribución. El ministro mencionó la revisión de las penas aplicables al porte ilegal y al tráfico interno e internacional de armas, la regulación del mercado de municiones y de las armas de aire comprimido, así como el acceso compartido a los registros de armas con el Ministerio de Defensa Nacional.
Para el enfrentamiento al narcotráfico y las economías criminales, el plan persigue la desarticulación de redes, la persecución del dinero ilícito, el reforzamiento de controles fronterizos y la reducción del reclutamiento de adolescentes y jóvenes en territorios vulnerables.
Se prevé ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera y crear un Centro Comando Unificado de Seguridad en dichas áreas. También se anunció la persecución de la ruta del dinero para desmantelar las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Según los datos presentados, en 2025 se registraron 47 operaciones de lavado de activos, frente a las seis de 2024. Adicionalmente, se incorporarán anillos inteligentes de control territorial en el área metropolitana y en las fronteras para observar, prevenir y visualizar acciones delictivas.
El plan orienta sus acciones hacia la prevención e investigación de delitos digitales y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta estatal mediante trabajo conjunto. Se implementará la investigación sobre patrones delictivos con el uso de inteligencia artificial y software para la localización de dispositivos móviles.
En el fortalecimiento del sistema de justicia y combate al crimen, la estrategia proyecta potenciar la coordinación institucional y las capacidades investigativas, así como promover el fortalecimiento del sistema penitenciario y la rehabilitación. Las medidas incluyen la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) , la construcción de dos centros de reclusión para personas con perfil de alto riesgo criminal, la implementación de un programa de reinserción laboral para personas privadas de libertad, la creación de una fiscalía especializada en asuntos penitenciarios y el avance en un proyecto de acciones de justicia terapéutica.
En materia de prevención, se prevé intervenir en territorios de mayor riesgo para reducir la violencia y promover la inserción educativa, laboral y la reinserción social. Negro se refirió a la implementación del programa Más Barrio en el barrio Cerro de Montevideo, Las Piedras en Canelones, Durazno, Rivera y Maldonado.
También se continuará con las operaciones de desalojo de personas que ocupan espacios públicos y se controlarán los incumplimientos y la informalidad en el uso de motocicletas. El ministro ejemplificó con el operativo Ñandubay, que permitió la incautación de aproximadamente 10.000 vehículos.
La estrategia busca fortalecer las capacidades de la Policía Nacional mediante formación especializada continua, el aumento de efectivos y la optimización del despliegue territorial, así como la incorporación de tecnologías. En educación policial, se extenderán los cursos, se promoverá la formación continua y se creará el Instituto Universitario Policial.
Se creará una Unidad Operativa Policial Especializada para la seguridad en espectáculos deportivos, se incorporarán comisarías móviles para facilitar su instalación rápida y movilidad según las necesidades concretas, y se sumarán más de 2000 policías, entre plazas vacantes y cargos creados en la reciente Ley de Presupuesto Nacional n°20.446.
Durante la conferencia, Negro repasó los resultados del primer año de gestión, período en el que se aplicaron medidas urgentes. El ministro destacó la reducción en la cantidad de homicidios; la disminución de la violencia de género, con un 18% menos de femicidios; la incautación de más de 3.000 armas de fuego; y la incautación de más de 9.000 toneladas de drogas. También señaló que se confiscaron 250 millones de dólares entre sustancias ilícitas, dinero y bienes, y que se detuvo a los dirigentes de las distintas bandas que operaban en el país.
Los delitos contra la propiedad registraron una disminución del 40%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) , comparando 2024 con 2025. Negro precisó que las estafas se redujeron en un 40% y los hurtos y rapiñas en un 37%, y subrayó que la información corresponde a datos de delitos y no únicamente a denuncias. Finalmente, afirmó que la administración ha priorizado a los funcionarios policiales con incrementos salariales, mejora en el equipamiento y trabajo en el área educativa.