La última actualización de tarifas de combustibles en Uruguay se realizó en marzo. La metodología vigente establece revisiones cada dos meses, lo que ubicaría el próximo ajuste en mayo, comparando los promedios de enero-febrero con los de marzo-abril. No obstante, el Poder Ejecutivo analiza adelantar esa corrección a abril, en función del encarecimiento extraordinario que registran los energéticos en los mercados internacionales. La confirmación de esa decisión podría materializarse en las próximas horas.
Entre las herramientas que el gobierno evalúa para contener el impacto figuran la aplicación de incrementos por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI), el uso de la banda de ajuste del 7% como tope a las subas, y el refuerzo de subsidios en rubros específicos como el supergás, de forma que la variación del mercado internacional no se traslade íntegramente al consumidor final.
Los datos que publica mensualmente la Ursea en su informe de PPI, con base en los valores registrados en la costa del Golfo de México en Estados Unidos, muestran la magnitud del movimiento. En el período comprendido entre el 26 de febrero y el 25 de marzo, el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 —incluyendo agrocombustibles— subió un 39% frente al bimestre anterior completo. Para el gasoil común, el incremento fue de 67%.
Aplicando esas referencias de manera directa y sin ningún tipo de amortiguación, el ejercicio de proyección arroja números significativos. La nafta Súper 95 debería aumentar alrededor de diez pesos por litro, lo que equivale a una suba de aproximadamente 13% sobre el precio vigente de $76,88. En el caso del gasoil 50-S, el ajuste proyectado sería de unos veinte pesos por litro, cerca de 43% de incremento sobre los $47,32 actuales.
Esas estimaciones contemplan el precio de referencia, el factor de estabilización o sobreprecio de $1,2 por litro, los impuestos correspondientes y el supuesto de que el resto de los componentes de la cadena —fletes y bonificaciones— no varíen, dado que la paramétrica de ajuste de esos ítems no es de acceso público.
El supergás opera bajo un esquema diferenciado. Actualmente existen dos tipos de subsidio —uno general y otro focalizado— que hacen que el precio al público se ubique por debajo del valor que surge del PPI. El precio vigente es de $88,46 por kilo, mientras que el costo de referencia es mayor; la diferencia, cercana a siete pesos por kilo, no se traslada al consumidor y se traduce en menores ingresos para Ancap, funcionando en la práctica como un subsidio implícito.
En el último mes, los precios en el mercado de referencia de Mont Belvieu, Texas, subieron alrededor de 35%, lo que añade presión sobre este energético. Si el gobierno mantuviera sin modificaciones el nivel actual de subsidio, el precio al público podría ubicarse en torno a los cien pesos por kilo. Una ampliación del subsidio permitiría amortiguar ese impacto en los hogares, aunque a costa de mayores recursos destinados a sostenerlo.
Desde julio de 2025, la metodología de ajuste de combustibles incorpora una banda de flotación. La regla establece que, si la diferencia entre el precio vigente y el valor de referencia —PPI más factor de estabilización— es inferior al 7%, el precio al público se ajusta a esa referencia. Si la referencia supera ese margen, el tope máximo de variación —tanto al alza como a la baja— queda fijado en ese mismo 7%. El mecanismo busca atenuar el efecto de la volatilidad internacional en los precios domésticos.
La metodología prevé cláusulas de escape a las que el Poder Ejecutivo puede recurrir ante eventos extraordinarios que impulsen aumentos en los precios internacionales, como el conflicto en curso en Medio Oriente. También existe la posibilidad de revisar la amplitud de la banda de flotación o modificar transitoriamente el esquema de ajuste.
El gobierno monitorea el mercado desde dos ángulos simultáneos: el precio de los productos refinados en la costa del Golfo de EE.UU., que marca la pauta del valor que debería pagar el consumidor, y la cotización del petróleo crudo, que impacta directamente en la estructura de costos y en las finanzas de Ancap como empresa estatal.