A cincuenta años del golpe cívico-militar que interrumpió la democracia argentina el 24 de marzo de 1976, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio emitió una declaración formal desde Montevideo en la que conmemoró a las 30.000 personas detenidas desaparecidas y al conjunto de víctimas del terrorismo de Estado.
El texto, fechado el 23 de marzo de 2026, reconoció que la sociedad argentina respondió a la dictadura con organización y movilización colectiva, en lugar de ceder ante lo que describió como el intento sistemático de imponer el miedo, el silencio y el olvido. La declaración destacó la labor sostenida de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como un factor determinante en ese proceso.
La organización de las Abuelas de Plaza de Mayo logró que 140 nietas y nietos recuperaran su identidad tras haber sido apropiados durante la dictadura. Ese proceso de restitución, que el organismo sostiene desde 1977, es caracterizado en la declaración como la reversión de una verdad que el terrorismo de Estado intentó suprimir de forma definitiva.
El texto también reconoció los avances que Argentina alcanzó en las últimas décadas en materia de memoria, verdad y justicia. La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, que habían sido bloqueados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta su anulación en 2003, permitió el procesamiento y la condena de numerosos responsables. La declaración subrayó que estos crímenes son imprescriptibles y que no puede existir impunidad frente al terrorismo de Estado.
A eso se suman las políticas de reparación a las víctimas, la recuperación de sitios de memoria y el compromiso institucional con la educación en derechos humanos, elementos que el Frente Amplio identificó como un proceso colectivo que se convirtió en referencia regional.
El comunicado incluye una referencia directa a la dimensión transnacional de la represión. Argentina fue, según la declaración, territorio en el que las atrocidades de la dictadura afectaron a 134 compatriotas uruguayos, detenidos desaparecidos o asesinados.
Entre los casos mencionados de manera explícita figuran los del legislador Zelmar Michelini, el presidente de la Cámara de Representantes Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, así como la desaparición del doctor Manuel Liberoff, registrada el 20 de mayo de 1976. El documento los enmarca dentro del Plan Cóndor, la coordinación represiva articulada entre las dictaduras del Cono Sur para perseguir opositores políticos más allá de las fronteras nacionales.
El Plan Cóndor involucró a las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil, y fue operado con apoyo logístico e institucional documentado por organismos de inteligencia de la región.
Sin formularse como un señalamiento a un gobierno específico, la declaración incorporó una evaluación crítica del contexto actual en Argentina. El texto identifica «preocupaciones ante los retrocesos en materia de derechos humanos«, vinculados a recortes presupuestarios, al desmantelamiento de políticas públicas y a lo que describe como señales de debilitamiento en las áreas de políticas de género, memoria y protección de derechos sociales.
El documento también alude a advertencias emitidas por «diversos organismos» sobre riesgos de criminalización de la protesta y deterioro de la calidad institucional, sin especificar cuáles.
El comunicado cierra con una reafirmación del compromiso del Frente Amplio con la democracia, los derechos humanos y la memoria de quienes resistieron al terrorismo de Estado, y retoma la consigna histórica: «Memoria, verdad y justicia. Nunca Más».