El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, mantuvo este viernes un encuentro con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana, en el marco de una visita encabezada por una delegación uruguaya denominada Convoy Nuestra América a Cuba. La reunión fue difundida por la propia Presidencia de Cuba a través de un video y declaraciones públicas del gobernante.
Díaz-Canel describió el encuentro en términos de cercanía política. «Un fraternal y solidario encuentro sostuve con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de Uruguay y la delegación que lo acompaña», escribió el mandatario cubano, quien además agradeció «el tradicional apoyo del pueblo uruguayo a Cuba y a su Revolución». El gobernante enmarcó el encuentro en lo que calificó como un «brutal recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos».
La visita se produce en un momento de escalada en las tensiones entre Washington y La Habana. Durante el segundo mandato de Donald Trump, la política hacia Cuba se endureció de forma significativa: la isla fue reincorporada a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo en 2025 y, en enero de 2026, una orden ejecutiva declaró a Cuba una «amenaza extraordinaria» a la seguridad nacional, con aranceles dirigidos a terceros países que le suministraran petróleo.
El embargo —denominado «bloqueo» por el gobierno cubano desde 1962— tiene su origen en las nacionalizaciones de propiedades estadounidenses ejecutadas por el gobierno revolucionario. El presidente John F. Kennedy lo formalizó como restricción total el 3 de febrero de 1962 mediante la Proclamación Presidencial 3447. Desde entonces, ninguna administración lo ha levantado.
A lo largo de las décadas, el andamiaje legal del embargo se fue complejizando. La Ley de Democracia Cubana de 1992, conocida como Ley Torricelli, y la Ley Helms-Burton de 1996 ampliaron su alcance durante el llamado Período Especial, la etapa de crisis económica severa que atravesó Cuba tras el colapso de la Unión Soviética. Helms-Burton además transfirió al Congreso la potestad de levantar el embargo, sustrayéndola del poder ejecutivo.
Uno de los aspectos más discutidos en el ámbito internacional es el alcance extraterritorial de esa legislación. Compañías de Francia, Alemania, México y otros países han enfrentado penalizaciones por miles de millones de dólares por operaciones que no contravenían sus propias legislaciones ni las normas del derecho internacional.
El debate formal sobre el embargo tiene sede en la Asamblea General de la ONU, donde Cuba impulsa desde 1992 una resolución anual reclamando su levantamiento. La primera votación arrojó 59 votos a favor y 71 abstenciones; a partir de 2005, el respaldo superó regularmente los 180 países. El pico de consenso se alcanzó en 2016, cuando 191 estados votaron a favor y ninguno en contra.
La votación de octubre de 2025 marcó una inflexión. La resolución obtuvo 165 votos a favor —frente a 187 en 2024— y 7 votos en contra: Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. Doce países se abstuvieron. La variación respecto al año anterior representa la caída más pronunciada en el respaldo a la posición cubana en el organismo multilateral en los últimos veinte años.
El gobierno de Cuba presenta anualmente al Secretario General de la ONU un informe con la estimación de los daños económicos atribuidos al bloqueo. Para el período comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025, esa cifra fue fijada en 7.556 millones de dólares, un 49% más que en el período anterior.
Entre 2014 y 2016, la administración de Barack Obama impulsó una normalización parcial de las relaciones bilaterales: se restablecieron vínculos diplomáticos, Cuba fue retirada temporalmente de la lista de patrocinadores del terrorismo y se flexibilizaron restricciones en materia de viajes, remesas y comercio. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha señalado que la isla no puede acceder con normalidad a tecnologías ni medicamentos de fabricación estadounidense, y que Washington persigue la cooperación médica internacional de Cuba.
Esas aperturas fueron parcialmente revertidas durante el primer mandato de Trump y desmanteladas en mayor medida durante el segundo, que arrancó en enero de 2025. El contexto en el que se inscribe la visita de Pereira y su delegación es, en términos formales, el de mayor tensión bilateral desde al menos la primera presidencia de Trump.