Un relevamiento del Ministerio de Salud Pública realizado durante 2025 sobre 232 centros educativos en todo el territorio nacional arrojó que una fracción de los locales de secundaria, UTU y colegios privados mantenía en sus cantinas la comercialización de alimentos con octógonos, pese a que la prohibición lleva más de un año vigente. Los datos cubren una inspección que midió desde la disponibilidad de productos recomendados hasta el acceso al agua potable, que alcanzó el 100% en todos los locales relevados.
El marco normativo que habilita ese control tiene su origen en la Ley Nº 19.140, sancionada en 2013, que fijó las condiciones de alimentación saludable en los entornos de enseñanza y estableció como criterio rector la protección de la salud de niños y adolescentes. Esa norma fue el primer escalón de un sistema que se fue complejizando con el tiempo. En 2018, el Decreto Nº 272/018, firmado durante el gobierno de Tabaré Vázquez, estableció la rotulación frontal obligatoria de alimentos envasados: un octágono de fondo negro y borde blanco de 3,5 por 3,5 centímetros, que advierte sobre excesos de sodio, azúcares, grasas y grasas saturadas. Cada producto debe exhibir un octógono por cada nutriente en exceso, colocados en la cara frontal del envase.
La implementación del etiquetado no fue lineal. El decreto original preveía un período de adaptación de 18 meses para la industria, con entrada en vigencia prevista para el 1 de marzo de 2020, pero el gobierno postergó la medida atendiendo solicitudes del sector empresarial. Recién el 1 de febrero de 2021 el rotulado frontal se volvió efectivamente obligatorio, tres años después del decreto original y tras tres prórrogas sucesivas. Durante ese proceso, el gobierno de Luis Lacalle Pou emitió dos decretos que modificaron el sistema: el Decreto 246/020, firmado en septiembre de 2020, cambió el método de cálculo del perfil de nutrientes, elevando los umbrales que activan el etiquetado. Una de las particularidades de esa reforma fue que los decretos modificatorios no salieron bajo el sello del Ministerio de Salud Pública, sino del Ministerio de Industria, Energía y Minería, lo que motivó críticas de trece organizaciones de salud y sociedad civil, entre ellas el Sindicato Médico del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Cardiología.
la prohibición en cantinas y su entrada en vigor en 2024
En 2022, la Ley de Rendición de Cuentas modificó el artículo 4° de la Ley Nº 19.140 y añadió una capa adicional al sistema: a partir de enero de 2024, las cantinas de centros educativos públicos y privados quedaron impedidas de vender y promocionar cualquier alimento o bebida que llevara octógonos de advertencia. El objetivo declarado en el informe de fiscalización del MSP es promover hábitos saludables «priorizando los alimentos naturales o con un mínimo grado de procesamiento y de adecuada calidad nutricional». La norma no solo aplica a la venta directa, sino también a la exhibición con fines comerciales, lo que el ministerio denomina promoción y publicidad dentro del centro educativo.
La inspección de 2025 muestra avances concretos en algunas franjas del sistema, pero las cifras de incumplimiento en el sector privado y en la educación media pública indican que la implementación no es homogénea. El propio ministerio reconoce en su informe una disminución en la cantidad de instituciones con productos con advertencia de exceso respecto al relevamiento anterior, aunque la reducción no alcanzó a todos los subsistemas.
En el segmento de Inicial y Primaria del sector público, ninguno de los locales relevados registró venta de alimentos con octógonos, un resultado que contrasta con el del año anterior, cuando el 33% de las instituciones de Montevideo y el 8% del interior habían incumplido esa restricción. Ese resultado, sin embargo, no se extendió a los tramos superiores del sistema público. En liceos y locales de UTU, el incumplimiento fue de 30,3% en la capital y 47,62% en el resto del país.
sector privado y las brechas entre la capital y el interior
En el sector privado, el panorama es diferente desde el primer ciclo. En Montevideo, el 20,69% de los centros de Inicial y Primaria tenía alimentos no recomendados en sus cantinas, porcentaje que se ubicó en un nivel similar al de Secundaria, donde el incumplimiento llegó al 18,64%. En el interior del país las cifras resultaron mayores: 40% en el nivel inicial y primario, y 36,36% en los liceos privados. El informe no explicita las causas de esa brecha territorial, ni distingue entre los tipos de productos involucrados en cada caso.
La publicidad y exhibición de productos no recomendados —que el MSP vincula principalmente a la exposición para la venta— también fue objeto de medición. En Inicial y Primaria pública no se detectaron irregularidades. En cambio, en el sector privado de ese mismo nivel hubo incumplimiento en el 4,81% de los locales de la capital y en el 11,76% de los del interior. A nivel público, en Secundaria y UTU no cumplían con la prohibición de promoción el 16% de los locales en Montevideo y el 11% en el interior del país. En la educación privada, los porcentajes fueron similares: 9,68% en la capital y 16,67% en el interior. El MSP calificó estos registros como indicativos de una «adecuada implementación de las políticas que limitan la comunicación comercial de productos no saludables dentro de los centros, lo que indica un entorno alimentario más saludable y una mejora en la regulación de la oferta».
cobertura para celíacos y diabéticos, una deuda pendiente
Más allá de los octógonos, el relevamiento incorporó una dimensión vinculada a patologías específicas: la disponibilidad de alimentos para personas celíacas y diabéticas. El MSP consigna que, aunque existe presencia de esos productos en varios centros, no alcanza niveles que garanticen «una cobertura para estas necesidades específicas». Los datos por subsistema son dispares.
Ningún local de Inicial o Primaria del sector público en Montevideo contaba con alimentos para celíacos, mientras que en el interior del país ese rubro estaba cubierto en el 50% de los centros relevados. En Secundaria y UTU, más de la mitad de los locales carecía de esa oferta. En la enseñanza privada, los niveles de Inicial y Primaria se ubicaron por debajo del 50% en cuanto a disponibilidad de productos aptos para celiaquía; en Secundaria las cifras mejoraron levemente, con un 54,24% en la capital y 45,45% en el interior.
La situación para diabéticos resultó aún más acotada. Solo el 7,14% de los locales de Inicial y Primaria de Montevideo tenía alimentos accesibles para estudiantes con esa condición. En el interior del país ese porcentaje alcanzó el 50%. El informe no aclara el método utilizado para identificar qué centros contaban efectivamente con matrícula de estudiantes diabéticos, que fue la condición de referencia para ese cálculo.