La comisión de Constitución del Senado volvió a ser escenario de un enfrentamiento entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición por la denuncia contra el senador colorado Andrés Ojeda, acusado de violar la Constitución al ejercer como abogado en simultáneo con su función legislativa. La sesión del martes, que tenía como objetivo definir si se archivaba el expediente o se avanzaba hacia un juicio político, derivó en un intercambio de acusaciones que amenazó con romper el relacionamiento político entre las bancadas.
El asunto tomó estado público en noviembre del año pasado a raíz de una denuncia de un convencional colorado. Desde entonces, la comisión solicitó una serie de estudios jurídicos con opiniones divergentes. La oposición sostuvo que el denunciante carecía de «legitimación activa» y que la comisión de Constitución no tiene atribuciones para tratar el tema. El Frente Amplio, sin embargo, no había fijado posición concreta hasta la sesión del martes.
En la reunión, el oficialismo solicitó la comparecencia de tres abogados constitucionalistas —Daniel Ochs, José Korzeniak y Martín Risso— y pidió el escrito de la fiscal Sylvia Lovesio, quien había desestimado un pedido de desarchivo de Ojeda por entender que no puede actuar como abogado. La moción fue aprobada con la mayoría del Frente Amplio, lo que encendió la discusión.
El senador colorado Pedro Bordaberry fue el principal defensor de Ojeda. «Lo primero que hay que analizar antes de ir al fondo de la cuestión y conseguir información es si se puede seguir actuando. El denunciante no tiene legitimación activa –lo dijeron los asesores–, y esta comisión no puede entender en la denuncia de una eventual configuración de infracción al artículo 124 porque es una comisión asesora del plenario», afirmó. También calificó la situación como una «persecución ilegal e inconstitucional» y acusó al oficialismo de estar «pasando por encima de la ley y de la Constitución». «Creo que la violación de las normas reglamentarias, legales y constitucionales tienen que tener un efecto en el relacionamiento político. Si no vamos a cumplir con las normas legales, no podemos seguir teniendo relacionamiento político de forma alguna», agregó.
El propio Ojeda, que hasta ese momento se había mantenido al margen, tomó la palabra. «Esa comisión asesora no se puede convertir en inquisidora. Ustedes tienen la mayoría (en la comisión) para hacerlo si quieren. Están en todo su derecho; hagan lo que quieran. Tienen los votos. Ahora, les digo retruco, señores: hagan el juicio político. Lo que sí sé y es un dato de la realidad, es que acá el Frente Amplio no va a echar a nadie porque no tiene los votos. A mí no me corren, no me achican, no me amedrentan», declaró. Además cuestionó la selección de los convocados: «Elegir antojadizamente tres informes que ya sabemos que dicen que hay una violación constitucional, es pescar en la pecera».
Desde el oficialismo, el senador Daniel Caggiani defendió la actuación de la comisión. «Nosotros, antes de archivar, estamos solicitando información; no estamos entrando en el fondo del asunto», argumentó. El también senador Sebastián Sabini respaldó esa postura y sostuvo que la solicitud está «dentro de las potestades de la comisión».
La senadora Graciela Bianchi planteó un cuarto intermedio para reducir el clima, pero los quince minutos de pausa no produjeron ningún acuerdo. El senador blanco Javier García señaló que el único camino era el archivo y advirtió: «Vamos apenas un año de gobierno –quedan cuatro– y el nivel de enfrentamiento y de agresividad es importante. Es imposible tener un clima mínimo de convivencia política en estos términos». García también habló de «patoterismo político», a lo que el senador del MPP Nicolás Viera respondió: «Resulta que no nos iban a adjudicar intenciones, pero terminamos siendo inquisidores, persecutores, proscriptores, censuradores. Ahora se nos acusa de patoteros, cuando fue el senador Bordaberry quien se paró a pelear y a los gritos».
La tensión se extendió al plenario por declaraciones del senador blanco Sergio Botana, quien había afirmado que las decisiones del Frente Amplio «están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven». El oficialismo exigió retractación, Botana se negó, y el Frente Amplio planteó un asunto político grave y urgente que no obtuvo los votos necesarios. Finalmente, el oficialismo levantó la sesión, lo que desde el Partido Nacional fue interpretado como una maniobra para impedir su propio asunto político sobre el caso Ojeda.
El diputado Carlos Varela señaló que «hubo una barbaridad absolutamente desproporcionada e injusta del senador Botana que debió pedir disculpas o presentar pruebas». García, por su parte, escribió en X que la situación muestra «una gran debilidad del oficialismo» y una «deriva antidemocrática».
La bancada frenteamplista tomó una decisión que mantiene vivo el expediente y obliga a la…