El túnel en 18 de Julio, la reforma de transporte que tiene en tensión al gobierno nacional con la Intendencia de Montevideo, entró en una fase decisiva. El presidente Yamandú Orsi convocó para este jueves a una reunión en la Torre Ejecutiva con los actores centrales del conflicto: la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara, cuya postura contraria al soterramiento de 18 de Julio ha generado un obstáculo que el gobierno debe resolver antes de que termine marzo.
La iniciativa forma parte de una reforma de transporte metropolitano de largo alcance, que incluye la implementación de ómnibus BRT sobre dos corredores troncales: Camino Maldonado / 8 de Octubre y Giannattasio / Avenida Italia. El proyecto contempla también la construcción de una estación multimodal en Tres Cruces, con pasajes subterráneos por los que circularían ambas líneas. Las obras, de acuerdo a lo anunciado por Orsi en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo, «comenzarán en 2027″ y estarán terminadas para 2029, cuando la zona metropolitana contará con «dos ejes troncales de altísima frecuencia».
El financiamiento proviene de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportará US$ 500 millones, y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que volcará US$ 300 millones. En ese contexto, Orsi justificó la reforma con el argumento de que «el transporte también es justicia social. Reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida, es llegar antes a casa, es compartir la cena, es poder ayudar con los deberes».
La postura del intendente capitalino ha sido consistente desde el comienzo del debate. En declaraciones públicas recientes, Bergara avaló que existieran «críticas» contra el soterramiento de la principal avenida de la capital y subrayó que no se trataba de «una propuesta de la IMM». Llegó incluso a afirmar: «No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel». Esta situación, junto con otras actitudes que en la Torre Ejecutiva entienden que no están alineadas con los proyectos de transformación de Montevideo que impulsa el gobierno, ha representado un problema para una administración que considera esta reforma una prioridad del período.
Pese a esa posición de base, Bergara no descartó del todo la negociación. En las semanas previas a la reunión, el jerarca comunal planteó dos alternativas posibles: aceptar un túnel que comience en Ejido y se extienda hasta Plaza Independencia —es decir, que recorra la mitad de la avenida— o directamente prescindir del soterramiento y que los nuevos ómnibus circulen por las calles laterales sin presencia de autos. Esta segunda opción, sin embargo, no modifica los tiempos de traslado desde la perspectiva del Ministerio de Transporte, dado que en el sistema BRT los buses siempre operan en carriles exclusivos.
La reunión del jueves en la Torre Ejecutiva será «de trabajo» y «cerrada», según indicaron fuentes del gobierno a El País. En principio no está previsto que se realice una conferencia de prensa posterior al encuentro, aunque integrantes del gobierno consideran que sería «lo más conveniente» para, luego de meses de indefinición, «comunicar a la sociedad en que está la discusión». La decisión final deberá adoptarse antes de que concluya marzo, plazo que el propio Orsi se trazó. Y, según informó El País, esa resolución no irá en contra de la voluntad de Bergara: «El gobierno no hará nada que no quiera Bergara», indicaron fuentes de Presidencia. «Si no está convencido del túnel, no se hace».
Las simulaciones técnicas realizadas por el equipo que diseña la reforma respaldan la opción del soterramiento completo como la vía para alcanzar las metas de reducción de tiempos de traslado anunciadas por el gobierno. Gonzalo Márquez, economista especializado en movilidad y una de las cabezas del proyecto, precisó que «las simulaciones que hemos realizado indican que el incremento en la velocidad comercial de punta a punta del corredor Plaza Independencia – Zonamérica sería de 51%, mientras que sin soterramiento sería de 31%». En consecuencia, según Márquez, «la reducción del tiempo de viaje respecto a la situación actual sería de 33% en el escenario con soterramiento completo y 23% sin soterramiento».
Eso implica que la reducción de un tercio en los tiempos de viaje que Orsi mencionó públicamente solo se cumpliría, según las propias estimaciones técnicas del gobierno, en caso de que se construya el túnel bajo 18 de Julio. Sin él, la mejora quedaría en el entorno del 23%, por debajo del umbral anunciado por el mandatario.
Las posiciones del resto de los actores presentes en la reunión del jueves difieren de la de Bergara. La ministra Etcheverry es la principal impulsora del soterramiento dentro del gobierno. El intendente de Canelones, Legnani, tiene como objetivo central que los tiempos de traslado desde su departamento hacia Montevideo —específicamente desde el Pinar hasta Ciudad Vieja— se reduzcan media hora, algo que el Ministerio de Transporte sostiene que solo es posible con el soterramiento de 18 de Julio. «En la medida que se baje la media hora que está planteada del Pinar a Ciudad Vieja, me es indiferente si túnel sí o túnel no», dijo Legnani en el programa radial Doble Click. «Entonces, si hay que hacer el túnel para bajar media hora o no hace falta, porque encontramos otra solución por arriba y efectivamente se baja esa media hora que está planteada, para mí es indiferente», añadió.
Desde la oposición, las críticas apuntan tanto al contenido del proyecto como a la forma en que se gestionó el proceso de decisión. El senador Martín Lema, excandidato a intendente por la Coalición Republicana, es uno de los más activos en ese frente. Lema sostuvo que debía «primar el sentido común» en el gobierno y que no se hiciera «un disparate» como considera que sería el soterramiento en 18 de Julio. «Aspiramos a que el gobierno no ningunee al intendente de Montevideo y que no se atropelle generando una obra millonaria con consecuencias sumamente negativas en movilidad, y en su impacto comercial y patrimonial», señaló.
El senador blanco, que había sido duro en su evaluación de los primeros meses de gestión de Bergara, cuestionó además que todo este proceso de indefinición mostró «improvisación y falta de coordinación y solidez» de parte del gobierno. La crítica al soterramiento se suma también a la de los comerciantes del Centro, quienes han manifestado preocupación por el impacto de las obras sobre la actividad económica de la avenida durante el período de construcción.