En conferencia de prensa celebrada en la sala de prensa de Torre Ejecutiva, el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, presentaron una agenda de reformas microeconómicas orientadas a modificar las condiciones de operación del comercio, la regulación y la gestión de trámites en Uruguay. La iniciativa contempla cambios normativos, procesos de digitalización y una reducción de cargas administrativas, con un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Poder Legislativo antes del 31 de mayo.
El mandatario caracterizó a Uruguay como «un país de certezas jurídicas, reglas claras y estabilidad macroeconómica», aunque señaló que persisten desafíos para avanzar hacia una mayor agilidad, menores costos y controles más eficientes. «Queremos que se transforme en ley», afirmó Orsi al inicio de su participación, y al cierre de la conferencia añadió: «Hay un país que espera que resolvamos los problemas de ingresos de los uruguayos, por lo que innovar resulta fundamental y ello debe ir de la mano de una competitividad cada vez mejor.»
El proyecto de ley de competitividad e innovación está estructurado en cuatro capítulos específicos: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites. Antes de su presentación formal al Parlamento, el Gobierno habilitó un período de consulta y recepción de aportes del sector privado que se extenderá hasta el 24 de abril. En esa etapa se mantuvieron intercambios con representantes de cámaras empresariales, universidades y analistas, y se prevé continuar con delegaciones de consultoras y sindicatos.
El ministro Oddone precisó que el proyecto será presentado al Parlamento dentro de un plazo que finalizará el 31 de mayo. El secretario de Estado sostuvo que una normativa construida con aportes de todos los uruguayos «se va a traducir en un país con más inversión y más trabajo, a una velocidad que el mundo nos exige.» Las estimaciones del MEF indican que el conjunto de medidas contempladas representaría un ahorro estimado de 20 millones de dólares al año para el comercio exterior.
Oddone fue categórico al señalar que la mejora de la competitividad en Uruguay «no puede venir de la política macroeconómica». En ese sentido, aclaró que «el tipo de cambio no es la variable» porque «es inefectivo» y tiene consecuencias sobre la inflación y, por lo tanto, sobre el ingreso de las personas. El enfoque declarado del Gobierno apunta a «atacar los problemas en diversos sectores donde la formación de precios no es la más adecuada y que complejizan el accionar.»
La iniciativa incorpora cambios al Código Aduanero, actualización de normas vinculadas al comercio exterior y medidas de fortalecimiento de la competencia. Varios de estos cambios ya forman parte del conjunto de medidas presentadas en la conferencia, mientras que otros requerirán modificaciones legislativas para su implementación efectiva.
Entre las medidas concretas, se establece que tanto en importaciones como en exportaciones se sustituirán los certificados por declaraciones. En el caso de las importaciones, la declaración aduanera incorporará la información necesaria para el control posterior a cargo de la DGI, en trámites vinculados a exoneraciones, al pago del impuesto específico interno (Imesi) y del impuesto a la enajenación de los bienes agropecuarios (Imeba). Esta medida alcanza a 25.000 trámites, equivalentes al 15% del comercio exterior anual.
En materia de exportaciones, el control tributario sobre aquellas operaciones que retornan se realizará de manera posterior, con el propósito de evitar costos logísticos imprevistos para las empresas involucradas. En paralelo, se avanzará en la eliminación de la documentación en soporte papel para la tramitación de operaciones de comercio exterior. La Aduana pasará a gestionar la documentación complementaria del Documento Único Aduanero (DUA) exclusivamente mediante documentos electrónicos.
También se eliminará la obligación de conservar la documentación de las operaciones en formato físico; el almacenamiento será únicamente electrónico. Esta medida implica una reducción de costos asociados a servicios de almacenamiento y a las tareas de gestión de documentación física, que actualmente involucran 400.000 operaciones aduaneras al año.
Para facilitar el pago de obligaciones aduaneras, se habilitará el diferimiento del pago dentro del mismo mes del despacho, mediante la constitución de garantía. Según las autoridades, esta modificación implica un ahorro financiero para las empresas al reducir su necesidad de fondeo en el período operativo.
Respecto al canal rojo en operaciones aduaneras, se establecerá que su uso quedará restringido a criterios de riesgo, dado que la verificación física y documental de las operaciones genera demoras en el despacho. El cambio conlleva una reducción de las verificaciones físicas y, en consecuencia, un ahorro para las empresas en sus importaciones. Este ajuste busca concentrar los recursos de control en los casos que efectivamente presenten indicadores de riesgo, sin aplicar verificaciones de manera indiscriminada.
En cuanto a los operadores económicos calificados (OEC), el proyecto contempla que no se les requerirá el uso de precinto electrónico en tránsitos de cadenas certificadas. Asimismo, los exportadores con esta categorización podrán cobrar la devolución de tributos a los 30 días de completado el despacho, en lugar de aguardar los plazos actuales. Según el Ejecutivo, esta modificación representa un ahorro significativo en operaciones de tránsito y exportación donde participan operadores comprometidos con la seguridad de las cargas.
El paquete de medidas también incorpora disposiciones específicas para el transporte ferroviario. Se implementarán mecanismos de control aduanero simplificados para este modo de transporte, con el objetivo de reducir los costos operativos de las empresas que prestan servicios logísticos a través de la red ferroviaria. Esta inclusión amplía el alcance de las reformas más allá del transporte carretero y marítimo, sectores que concentran históricamente el mayor volumen del comercio exterior uruguayo.
Al cierre de la conferencia, el presidente Orsi subrayó su confianza en el sistema político para avanzar en el debate legislativo de estas propuestas y reafirmó la voluntad del Ejecutivo de dar trámite parlamentario al proyecto antes del plazo establecido.