El Frente Amplio decidió retomar la denuncia contra el senador colorado Andrés Ojeda por supuestamente violar la Constitución al ejercer como abogado penalista mientras ocupa una banca en el Senado. La bancada oficialista no descarta avanzar, pero tampoco apura los tiempos: su primer movimiento será citar a constitucionalistas al Parlamento para que expongan su posición ante la comisión correspondiente.
El senador Daniel Caggiani confirmó que la bancada frenteamplista plantearía las citaciones en la sesión de la comisión de Constitución del Senado del martes. Además, pedirán la resolución de la fiscal Sylvia Lovesio, quien la semana pasada formalizó su conclusión de que la Constitución le prohíbe al senador colorado ejercer la abogacía. Esa decisión judicial fue la que reavivó el debate dentro del oficialismo.
El caso se originó cuando el convencional colorado Juan Ibarra denunció a Ojeda en noviembre de 2024. El argumento era preciso: el artículo 124 de la Constitución establece que los senadores y representantes no pueden «tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados». La Fiscalía, en cuanto servicio descentralizado, entra en esa categoría. Y Ojeda, el 30 de octubre de 2025, presentó un escrito de 70 páginas ante Lovesio para solicitar el desarchivo de un caso iniciado en 2022. Esa intervención directa como letrado ante una fiscal encendió la mecha.
Lovesio revisó el archivo tal como solicitó Ojeda, pero al mismo tiempo comunicó la situación a la Fiscalía de Corte. La respuesta institucional fue clara: la fiscal goza de independencia técnica, y la fiscal general Mónica Ferrero no tenía potestad para indicarle cómo actuar. Semanas más tarde, Lovesio formalizó su posición: la actuación del senador «contraviene lo establecido en el inciso 2º del artículo 124 de la Constitución de la República», según publicó el semanario Búsqueda.
La decisión de la fiscal cerró una etapa y abrió otra. En el Frente Amplio, donde el tema había perdido tracción durante el verano, volvió a cobrar fuerza. El partido de gobierno aclaró que «por ahora no» está evaluando el juicio político, pero dejó en claro que no archivará la denuncia. El proceso seguirá, aunque a paso medido.
Desde el entorno de Ojeda la lectura fue distinta. Fuentes cercanas al senador colorado dijeron a El Observador que ya existen varios informes jurídicos sobre el asunto, incluidas opiniones de constitucionalistas presentadas por escrito, por lo que consideran innecesaria una nueva ronda de citaciones. En la oposición esperaban que el oficialismo tomara una posición definitiva: o se avanzaba con el juicio político, o se archivaba el expediente.
El debate jurídico refleja una disputa de fondo que los informes existentes no zanjaron. La comisión administrativa del Poder Legislativo encargó un análisis a los abogados Germán Rosas Barón y Rosa Giacosa, fechado el 14 de enero. Esos juristas recomendaron archivar la denuncia por razones de forma: concluyeron que la comisión no es el órgano competente para tramitar el caso, que debería encauzarse como juicio político a instancias de un miembro del Senado.
También señalaron que Ibarra, como convencional, carece de legitimación activa para solicitar la expulsión del legislador. «El ordenamiento constitucional uruguayo no prevé la acción popular directa para promover la pérdida de investidura de un legislador«, dice el documento, que reserva esa potestad a los mecanismos internos del cuerpo legislativo.
Pero no es el único informe. Un trabajo encargado por el Frente Amplio al constitucionalista José Korzeniak llega a conclusiones radicalmente distintas. Según publicó La Diaria, Korzeniak sostiene que el Senado «debe dictar una resolución declarando» que Ojeda «ha perdido» su cargo legislativo, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución. Más aún: afirma que bastaría una mayoría simple para aprobar dicha resolución, lo que reduciría el umbral político necesario para efectivizar la sanción.
La brecha entre esos 2 informes no es menor. Mientras uno dice que el procedimiento está mal encaminado desde el inicio, el otro sostiene que el Senado tiene no solo la facultad, sino la obligación de actuar. En ese escenario de contradicciones jurídicas, el Frente Amplio optó por ensanchar la base de opiniones antes de decidir. La citación a constitucionalistas busca, al menos en apariencia, dotar de mayor solidez técnica a cualquier resolución que se adopte.