El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, protagonizó durante la última semana un cruce político de alcance interno y externo al Frente Amplio tras plantear una propuesta de financiamiento para las empresas públicas uruguayas que cosechó respaldo en la oposición y resistencias dentro del propio partido de gobierno.
Ante ese panorama, Sánchez salió a delimitar el alcance de su planteo. «Los neoliberales parece que me están abrazando; en ese club no voy a estar, no tiene nada que ver con eso», declaró el jerarca. Enseguida precisó que «lo que estamos proponiendo nosotros no es lo que algunos ansían, que es vender las empresas públicas», y puntualizó que «no se pueden vender acciones de las empresas públicas, porque no tienen acciones».
El funcionario también se pronunció sobre el debate interno que generó la iniciativa: «el inmovilismo no nos puede frenar», sostuvo, y subrayó que «defender las empresas públicas» no equivale a «dejarlas tal cual están».
Sánchez enmarcó el planteo dentro de una estrategia de crecimiento económico. Argumentó que el Frente Amplio históricamente apostó a fortalecer el sector público: «Les dimos recursos, invertimos», dijo, y afirmó que se debe continuar ese proceso para «tener empresas públicas más modernas, más capaces de impactar en el desarrollo nacional». El objetivo declarado es tanto «financiar un conjunto de políticas» como «canalizar el ahorro de los uruguayos en beneficio de una estrategia nacional de desarrollo que genere más trabajo, más producción«.
El secretario señaló además que «la economía no crece como necesitamos que crezca» y que «uno de los factores es que hay poca inversión», presentando su propuesta como un mecanismo para atacar ese déficit y promover «un uso más productivo» del ahorro nacional.
En cuanto a los instrumentos concretos, Sánchez mencionó la posibilidad de crear «fideicomisos, obligaciones negociables o la construcción de sociedades anónimas propiedad de nuestras empresas públicas» con cotización bursátil, citando como antecedente el caso de la energía eléctrica.
Para evitar que «venga un grandote» y concentre la propiedad, el secretario planteó reservar «una parte de la inversión» para pequeños accionistas, con emisión de obligaciones negociables de hasta 2.000 dólares. Propuso también que, en caso de reventa, el Estado conserve la primera opción de compra.
En una proyección de mayor alcance, Sánchez señaló que bajo este esquema se podría «soñar» con que las empresas públicas operen en el mercado regional y se conviertan en «transnacionales». Advirtió que actualmente «es muy difícil competir contra algunos niveles de inversión» de grandes corporaciones, y que sin una propuesta de este tipo, «la competencia puede llegar a acorralarnos».
Respecto a las críticas que cuestionan la ausencia de la iniciativa en el programa del FA, Sánchez respondió que el programa «es una orientación» y que su planteo es «una propuesta para enriquecerla, para debatirla», no «la verdad revelada».
El secretario reconoció que el camino hacia la implementación no está definido: «Veremos cuánto se puede avanzar, habrá que construir acuerdos, consensos». Al justificar el valor del debate, apeló a una lectura histórica: «así ha sido la historia de Uruguay y de la izquierda, pensar un poco afuera de la caja, y no quedarnos siempre en el inmovilismo de que no podemos hacer nada», actitud que, a su juicio, equivale a ser «casi como un conservador de izquierda».
La propuesta sigue sin contar con respaldo formal del Frente Amplio y permanece en el terreno del debate político, sin traducción programática concreta hasta el momento.