En septiembre de 2021, Sebastián Marset fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos cuando intentó salir del país con un pasaporte paraguayo falso. Estaba preso, pero no tardó en iniciar, a través de sus abogados, los trámites para obtener un pasaporte uruguayo. El gobierno de Luis Lacalle Pou se lo otorgó. Ese documento le permitió recuperar la libertad y salir del Emirato. Lo que vino después desató uno de los mayores tsunamis políticos de la historia reciente del Uruguay.
Según informó el periodista Eduardo Preve, existen chats de WhatsApp que la Justicia incorporó como prueba y que demuestran que, antes de que el pasaporte fuera entregado, las propias autoridades del gobierno sabían con quién estaban tratando. El entonces viceministro del Interior, Guillermo Maciel, le escribió a la entonces vicecanciller Carolina Ache: «¿Podemos saber qué pasó con ese delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible».
Ese mensaje fue enviado el 3 de noviembre de 2021. El pasaporte fue otorgado de todas formas.
Cuando el semanario Búsqueda reveló en 2022 que Uruguay le había dado ese documento a Marset y que ello le había permitido salir libre de Dubái, el Frente Amplio promovió una interpelación parlamentaria contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller, Francisco Bustillo. Sin embargo, en la reunión política convocada por Lacalle Pou en la Casona del Prado —a la que asistieron cerca de 20 personas— se acordó que la interpelación se centrara únicamente en la legalidad formal de la entrega del pasaporte.
El argumento oficial era simple: Marset no tenía causas abiertas en Uruguay, por lo tanto no existía impedimento legal. Los chats que demostraban que el propio viceministro lo señalaba como un narco peligroso no fueron presentados. Todo el gobierno se sacudió de las responsabilidades de haberle abierto el candado a Marset para que se diera a la fuga.
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El escándalo escaló cuando el caso llegó a la justicia y el fiscal Alejandro Machado comenzó a tomar declaraciones. Fue entonces cuando Carolina Ache detonó la bomba.
Ante el fiscal, Ache relató que el 22 de noviembre de 2022 —un año después de la entrega del pasaporte— recibió un mensaje de Roberto Lafluf, entonces asesor principal del presidente de la República, convocándola a una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, el mismo piso donde Lacalle Pou tenía sus despachos. La instrucción fue llamativa: «Sería conveniente ingresar por el garage.»
En esa reunión, según declaró Ache, Lafluf le comunicó que tenía órdenes de destruir los chats entre ella y Maciel donde este la advertía sobre la peligrosidad de Marset. Maciel, presente en la reunión, incluso usó el celular de su hija para enviarle un mensaje a Ache y demostrarle que los mensajes de WhatsApp podían borrarse sin dejar rastro.
Lo que ni Lafluf ni Maciel sabían era que Ache ya había protocolizado esos chats ante escribano público. Aun así, en ese momento accedió a borrarlos. Cuatro días después le comunicó a Lafluf que no estaba de acuerdo con la destrucción y que contaba con los mensajes documentados. Según Ache, Lafluf se retiró un momento, consultó con el presidente de la República y volvió a la línea para decirle que entonces los presentara.
Lo que agregó a continuación resultó revelador: admitió que él ya había destruido su propia copia. Ache declaró ante la fiscalía que la reunión había sido «bastante tensa y agresiva».
Cuando las declaraciones de Ache se conocieron públicamente, Lacalle Pou —que se encontraba en Estados Unidos— adelantó su regreso. Ese mismo sábado pidió las renuncias de Lafluf, Maciel, el ministro del Interior Heber y el canciller Bustillo. Los 4 renunciaron. Pero el capítulo judicial no se cerró con las renuncias.
El fiscal Machado continúa investigando y prevé citar como indagados a Roberto Lafluf por la destrucción de documentación que ya estaba protocolizada y que la justicia había requerido, a Francisco Bustillo, excanciller de la República, a Carlos Mata, entonces jefe jurídico de Cancillería, señalado por la llegada irregular de un expediente de Cancillería al piso 11 de la Torre Ejecutiva, y a Guillermo Maciel, quien participó de la reunión y avaló la destrucción de los chats. También está prevista la citación de Carolina Ache, en calidad de testigo o declarante.
Más significativo aún: el fiscal no descarta citar al propio expresidente Luis Lacalle Pou. Según el relato de Ache, fue el propio Lacalle Pou quien, a través de Lafluf, terminó autorizando que los chats fueran presentados una vez que supo que ya estaban documentados ante escribano. Eso implica que el entonces presidente tenía conocimiento de la reunión y de lo que allí se había discutido.
🔴 HISTORIA RECIENTE
✔️ Un mes antes de la entrega del pasaporte a Sebastián Marset en 2021 -expedido por las anteriores autoridades del Ministerio del Interior y de Cancillería- el entonces vice ministro Guillermo Maciel pedía saber qué había pasado en Dubai con “ese narco… pic.twitter.com/l0dTUGfx89 [//t.co/l0dTUGfx89]
— Eduardo Preve (@EPreve) March 14, 2026 [//twitter.com/EPreve/status/2032801962396164174?ref_src=twsrc%5Etfw]
La captura de Marset en Bolivia el viernes 13 de marzo de 2026 y su traslado inmediato a Estados Unidos cierra para él una etapa de fuga. Para Uruguay, en cambio, abre una nueva fase del escándalo. La pregunta que la justicia deberá responder no es solo si el pasaporte fue entregado legalmente, sino si existió una operación coordinada desde el gobierno para ocultar que sus propios funcionarios sabían, antes de entregarlo, que Marset era uno de los narcos más peligrosos de la región.