El astillero español Cardama retiró la demanda civil millonaria que había interpuesto contra el Estado uruguayo y comunicó que «analiza otros caminos» para defender sus intereses. La notificación judicial llegó pocas horas después de que el gobierno del presidente Yamandú Orsi rescindiera formalmente el contrato suscrito con la empresa.
El 13 de febrero, Orsi anunció en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo había dado por terminado el acuerdo firmado en diciembre de 2023 para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) por un valor de 82 millones de euros, argumentando «incumplimientos graves» por parte de Cardama.
Ese mismo día, pasadas las 12.30, el mandatario indicó además que el gobierno impulsaría acciones para «recuperar el patrimonio del Estado uruguayo» y determinar responsabilidades institucionales e individuales vinculadas a la aceptación de las garantías presentadas por el astillero.
Menos de dos horas después de ese anuncio, un abogado del estudio Hughes & Hughes presentó un escrito ante el Juzgado de Conciliación de 2º turno solicitando que quedara sin efecto la audiencia de conciliación que estaba programada para el 16 de marzo a las 13.30. «Entiende mi mandante que ya no hace sentido la conciliación solicitada y analiza otros caminos que considera más adecuados para la defensa de sus derechos», reza el documento presentado ante la sede judicial.
El pedido de conciliación había sido presentado por Cardama el 18 de diciembre ante el Ministerio de Defensa, como paso procesal previo a una demanda civil. En ese escrito, la empresa sostenía que la ejecución del contrato transcurría con «razonabilidad y sobrellevándose las dificultades ordinarias de forma correcta por las partes, esto es, priorizándose el avance de la ejecución del contrato».
El acuerdo original, firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou, establecía que Cardama debía constituir dos garantías: una de fiel cumplimiento por 4.113.500 euros y una de reembolso por 8.227.000 euros. Según el astillero, ambos documentos fueron entregados en tiempo y forma a las autoridades uruguayas.
El punto de inflexión se produjo el 22 de octubre de 2025, cuando el gobierno convocó a una conferencia de prensa para denunciar que la garantía de fiel cumplimiento, emitida por EuroCommerce Bank, «habría sido emitida en forma fraudulenta». Tanto el Estado como la empresa presentaron denuncias penales en el marco de ese episodio.
En el escrito de diciembre, los representantes legales de Cardama describieron que las autoridades uruguayas no se limitaron a cuestionar la garantía, sino que avanzaron públicamente sobre la imagen del astillero. «De ese modo, el Estado, extremando al máximo todo su poder comunicacional, instaló fuertemente la idea de que Cardama era responsable del fraude, sin respetar en ningún caso la presunción de inocencia», sostiene el documento.
La empresa señaló que esa conferencia fue el inicio de una serie de «manifestaciones, suspicacias y ensombrecimientos sobre Cardama difundidos hasta el hartazgo por el Estado a través de diversas autoridades». A eso sumó que las acciones se desarrollaron sin respetar la confidencialidad del contrato, y que el objetivo real del gobierno de Orsi parecía orientado al «señalamiento de los errores, faltas de profesionalismo, de criterios, de voluntad y fracasos acumulados por anteriores administraciones».
Bajo ese argumento, la empresa afirmó que el Ministerio de Defensa «no ha actuado como cocontratante interesado en la buena fe del contrato» y que el conjunto de esas circunstancias tornó inviable la continuidad del acuerdo, al impactar «en todos los proveedores».
En términos económicos, el reclamo original incluía 53.576.000 euros correspondientes a la continuidad de la construcción de las dos OPV, más una recomposición de la ecuación económica cuyo cálculo aún no estaba definido pero que, según Cardama, seguía «incrementándose conforme la gravedad de los sucesos». Los daños ya causados al astillero se estimaban en no menos de 48.000.000 euros, cifra que podía crecer.
El documento describía la conducta estatal como dolosa: «Las circunstancias de haberse desarrollado todo ello con abierto desprecio por el resultado dañoso a Cardama, comporta una actitud más bien dolosa y, como consecuencia, se deberán resarcir no solo los daños previsibles sino también aquellos no previsibles». La empresa dejaba abierta la posibilidad de reclamar «la rescisión del contrato y la condena al Estado uruguayo a la compensación de los grotescos daños infringidos por su parte a Cardama».
Tras la rescisión contractual del 13 de febrero, Cardama retiró el pedido de conciliación sin precisar en qué consistirían esos «otros caminos». El titular del astillero, Mario Cardama, no respondió a una consulta periodística sobre la nueva estrategia a pesar de haber leído el mensaje enviado.