El Senado uruguayo votó a favor de modificar la normativa vigente sobre lavado de activos, cerrando así un proceso legislativo que comenzó en la Cámara de Representantes y que implicó alteraciones en más de 30 artículos de la Ley 19.574. La sesión combinó acuerdos transversales sobre la urgencia de combatir delitos financieros complejos con señales de alerta sobre la implementación práctica y el balance entre eficacia y garantías jurídicas.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, llegó al Senado luego de haber obtenido respaldo mayoritario en Diputados, donde fue objeto de una extensa revisión técnica. La aprobación en general se había producido a fines del año anterior, y la sanción definitiva otorgada este miércoles le da carácter de ley. El objetivo declarado de la iniciativa es modernizar los instrumentos legales disponibles para identificar y perseguir dinero de origen ilícito, con énfasis particular en el narcotráfico.
Entre las modificaciones incorporadas figura una reorganización de los mecanismos de trazabilidad financiera y una redefinición de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante los organismos competentes.
Uno de los aspectos más concretos del texto aprobado refiere a la reducción del límite para operaciones en efectivo. La legislación anterior, modificada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou a través de la Ley de Urgente Consideración, fijaba ese tope en un millón de unidades indexadas. La nueva norma establece que el monto máximo permitido descenderá a 200.000 unidades indexadas, o al 5% del valor total de la transacción, con un techo de 450.000 unidades indexadas, lo que se aplique primero según el caso.
El cambio supone una contracción significativa en el margen habilitado para determinadas transacciones comerciales realizadas sin intermediación bancaria o electrónica. La medida apunta a reducir los espacios de opacidad en operaciones que, por su naturaleza, resultan más difíciles de rastrear por los organismos de control.
La norma no modifica el régimen general de circulación monetaria, sino que acota condiciones específicas para cierto tipo de actos jurídicos y comerciales donde el efectivo puede actuar como vehículo de ocultamiento patrimonial.
El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta tomó la palabra en representación del partido de gobierno y respaldó la iniciativa con argumentos centrados en la necesidad de dotar al Estado de mejores herramientas investigativas. Según su planteo, existe una brecha entre la importancia real de este tipo de legislación y la percepción que la ciudadanía tiene sobre ella.
«Para nosotros es muy importante y vamos a votar a favor porque es necesario adecuar la nueva ley de lavado de activos», afirmó Brenta durante su intervención. El legislador vinculó la eficacia de la norma con la capacidad de desarticular estructuras delictivas que operan a través de múltiples actividades ilegales simultáneas.
En ese sentido, Brenta articuló la discusión en torno a la trazabilidad del dinero como principio rector. «Combatir el lavado de activos es combatir el delito. Es saber de dónde viene el dinero y cuál es su origen», sostuvo ante la cámara. También señaló la necesidad de fortalecer la fiscalía especializada en lavado, que hasta el momento ha registrado un número relativamente bajo de causas tramitadas en relación con la magnitud estimada del fenómeno.
«Creemos que es un avance importante y esperamos que esta herramienta fortalezca la lucha contra estos delitos», agregó el senador, quien además mencionó la intención de ampliar la capacidad de control tanto en el ámbito empresarial como en el laboral.
Desde el Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda coincidió en líneas generales con el diagnóstico sobre la necesidad de combatir el lavado de dinero, aunque introdujo advertencias sobre la naturaleza técnica del debate. «Esto no es simple ni fácil, tiene altísimas complejidades», señaló, y aclaró que ningún sector del Parlamento defiende posiciones favorables a la circulación de fondos ilícitos.
El argumento de Ojeda se centró en la tensión entre la eficacia de los mecanismos de control y el respeto de las garantías del debido proceso. «Acá en esta sala no hay nadie a favor del lavado, pero esto implica poner en la balanza la discusión entre la eficacia y las garantías. La sábana es corta y si se tira puede haber desequilibrios graves», expresó durante el debate.
El legislador coloradista también señaló que los desafíos más relevantes de la norma no se resolverán en el Parlamento sino en su aplicación concreta, sugiriendo que las dificultades de implementación y fiscalización podrían ser más determinantes que el texto legal en sí.
Por su parte, desde el Partido Nacional, el senador Carlos Camy anticipó que su sector votaría en contra, argumentando que las modificaciones no resultan necesarias. El senador Sebastián Da Silva también intervino para solicitar una revisión «seria» de los términos del debate, sin precisar el alcance de sus observaciones.
La ley surge en un contexto regional donde varios países han reforzado sus marcos normativos antilavado ante presiones tanto internas como externas, incluidas las evaluaciones periódicas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Uruguay mantiene compromisos internacionales en materia de transparencia financiera que inciden en su imagen como plaza de negocios y en el acceso a ciertos mecanismos de cooperación judicial.
El texto aprobado no modifica únicamente los umbrales de efectivo, sino que también ajusta disposiciones relativas a los sujetos obligados, los plazos de reporte y las condiciones bajo las cuales determinadas operaciones deben ser notificadas a la Secretaría Antilavado de Activos (SENACLAFT).
La entrada en vigor de la norma requerirá reglamentación en varios de sus aspectos operativos, lo que trasladará parte del debate a la esfera del Ejecutivo en los meses siguientes a su promulgación.