La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó este viernes la entrada en vigor provisional del apartado comercial correspondiente al acuerdo de asociación suscrito entre la Unión Europea y el Mercosur. Este paso se concreta después de que Argentina y Uruguay completaran los procesos de ratificación necesarios dentro del bloque sudamericano.
El instrumento bilateral, que establece lo que se describe como la zona de libre comercio más extensa a nivel global, todavía requiere el visto bueno del Parlamento Europeo. La cámara legislativa comunitaria decidió en enero remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su conformidad con los tratados fundacionales del bloque.
«En las últimas semanas he mantenido conversaciones en profundidad sobre esta cuestión con los Estados miembros y con los eurodiputados. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a su aplicación provisional», declaró la jefa del ejecutivo europeo durante una breve alocución ante la prensa. La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.
La decisión del Consejo Europeo otorgó a la Comisión la capacidad de activar partes específicas del pacto sin necesidad de esperar la ratificación completa de todos los parlamentos involucrados. Este mecanismo permite que disposiciones relacionadas con reducción arancelaria y acceso a mercados comiencen a operar mientras se resuelven los procesos legales pendientes en las instituciones europeas.
«La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional», apuntó Von der Leyen, y se refirió a que, «de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento». La dirigente alemana subrayó el carácter temporal de esta fase inicial del proceso.
El Ejecutivo comunitario puede proceder con la aplicación provisional sin la ratificación de la Eurocámara, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios. La corte con sede en Luxemburgo deberá determinar si el texto respeta las competencias y principios fundamentales del bloque europeo.
Así, aseguró que la Comisión «seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente» en la aplicación de este acuerdo, que se ha negociado durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas. Las negociaciones entre ambos bloques se extendieron por más de dos décadas, enfrentando múltiples suspensiones y reanudaciones.
La consulta al tribunal europeo fue promovida por el Parlamento, que busca claridad jurídica antes de emitir su aprobación definitiva. El máximo órgano judicial de la UE no ha establecido un plazo para emitir su dictamen, lo que podría extender el proceso de ratificación completa por varios meses adicionales.
La UE sí ha puesto en marcha, por otro lado, salvaguardas para proteger a los agricultores europeos ante posibles caídas de precios locales o incrementos en las importaciones de productos sensibles, un añadido que fue clave para convencer a países y eurodiputados reticentes al pacto por la presión del campo. Estos mecanismos incluyen contingentes arancelarios y cláusulas de activación automática ante perturbaciones del mercado.
Los sectores agrícolas de Francia, Polonia e Irlanda habían manifestado su oposición al acuerdo durante las fases finales de la negociación. La inclusión de estas salvaguardas específicas permitió atenuar las críticas provenientes de organizaciones agrarias y algunos gobiernos nacionales con fuerte peso del sector primario.
Tras la ratificación de Uruguay y Argentina, Von der Leyen confió en que Brasil y Paraguay «sigan pronto su ejemplo». Los dos países restantes del Mercosur aún deben completar sus procedimientos internos para la incorporación formal del pacto a sus ordenamientos jurídicos nacionales.
«Y es una muy buena noticia. Porque demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y poner en marcha este acuerdo histórico», declaró, un pacto que aseguró que «abre innumerables oportunidades, reduce miles de millones en aranceles, y permite a nuestras pequeñas y medianas empresas acceder a mercados y escalas con las que antes solo podían soñar». La eliminación de barreras arancelarias afectará a un volumen significativo de intercambios comerciales entre ambas regiones.
Además, recalcó que también proporciona a Europa «una ventaja estratégica por ser la primera en actuar en un mundo de fuerte competencia y horizontes cortos». La firma del acuerdo se produce en un contexto global donde otras potencias comerciales buscan consolidar sus propias redes de tratados bilaterales y regionales.
Von der Leyen enfatizó que el acuerdo es «uno de los pactos comerciales más importantes de la primera mitad de este siglo», entre «socios que entienden que el comercio abierto y basado en normas ofrece resultados positivos para todos». La referencia a normas compartidas alude a estándares sanitarios, ambientales y laborales incluidos en el texto del acuerdo.
«Europa se está volviendo más fuerte y más independiente», avisó, y aventuró que las empresas, trabajadores y ciudadanos comunitarios «cosecharán los beneficios». La declaración vincula la materialización del pacto con objetivos más amplios de autonomía estratégica definidos por la Comisión en los últimos años.
La aplicación provisional permitirá que empresas europeas y sudamericanas comiencen a operar bajo las nuevas condiciones arancelarias establecidas en el acuerdo. Sectores como el automotriz, el farmacéutico y el de maquinaria industrial podrían experimentar variaciones en sus flujos comerciales bilaterales durante esta fase.
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