El Ministerio de Turismo de Uruguay presentó formalmente a la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU) el proyecto de decreto que desarrolla la Ley 20.352, dirigida a la regulación de las viviendas turísticas. Esta actividad, comúnmente identificada como alquileres de temporada, será objeto de un marco regulatorio específico que busca ordenar una oferta de alojamiento transitorio que ha evidenciado un crecimiento sostenido.
La normativa propuesta tendrá aplicación sobre todo alojamiento que funcione por un máximo de 120 días consecutivos. Con esta iniciativa, Uruguay adopta un enfoque regulatorio similar al establecido en naciones como España, Francia, Portugal y Argentina.
El proyecto establece la creación de un registro obligatorio para todas las personas físicas y jurídicas que ofrezcan alojamientos transitorios bajo esta modalidad. Tras completar el proceso de inscripción, cada unidad recibirá un número único de registro, el cual estará obligado a exhibir ante el turista que utilice el servicio. Este procedimiento busca establecer un censo oficial y controlado de los proveedores que operan en el sector.
Las plataformas digitales que se dedican a la promoción y comercialización de este tipo de alojamientos también serán sujeto de la nueva regulación. Estas empresas deberán registrarse ante las autoridades y, una vez cumplido el trámite, sólo podrán publicar y ofrecer aquellas viviendas turísticas que figuren de manera oficial en el registro habilitado. El Ministerio de Turismo ha establecido un plazo de adecuación de 180 días para que estas plataformas digitales modifiquen sus operaciones y se alineen con lo dispuesto en la normativa.
La cartera ministerial informó que la implementación del nuevo régimen será de carácter gradual y participativo. La primera fase del proceso estará concentrada en la organización de la información básica de todos los alojamientos existentes. Posteriormente, se procederá a avanzar en etapas sucesivas destinadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto reglamentario.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Turismo, el proyecto es el resultado del trabajo coordinado con el sector privado y otros organismos públicos. El objetivo declarado de esta colaboración fue “elaborar un proyecto que sea integral y que realmente refleje la realidad”. El aumento significativo de la oferta de viviendas turísticas sin una regulación clara, junto con la necesidad de garantizar estándares de calidad y transparencia para los consumidores, fueron identificados como factores clave que motivaron la iniciativa.
Se espera que el nuevo marco normativo contribuya a mejorar la confiabilidad de cada destino para los turistas, quienes dispondrán de mecanismos para verificar que el alojamiento elegido se encuentra formalmente registrado. Paralelamente, la normativa brindará mayor claridad a los operadores del sector, al establecer reglas específicas y un entorno previsible para el desarrollo de dicha actividad económica.